ANDIS: avanza la investigación por el escándalo con allanamientos y secuestro de dinero

La investigación judicial por el presunto circuito de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanza con nuevas medidas tras los allanamientos que sacudieron a la Casa Rosada. La causa se inició luego de la filtración de audios del exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, en los que describía supuestos retornos millonarios por contratos con la droguería Suizo Argentina y mencionaba a dirigentes cercanos al presidente, Javier Milei.

El juez federal, Sebastián Casanello, a pedido del fiscal, Franco Picardi, ordenó más de diez allanamientos que derivaron en el secuestro de documentación, dispositivos electrónicos y sobres con dinero en efectivo. Entre los elementos más sensibles figuran los teléfonos de Spagnuolo; del exdirector de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini; y del accionista de Suizo Argentina, Emmanuel Kovalivker. La falta de contraseñas para desbloquear los dispositivos complica el peritaje, aunque Garbellini sí entregó la suya, lo que permitió acceder a parte de la información.

En la vivienda de Kovalivker se encontraron sobres con 266 mil dólares y 7 millones de pesos, mientras que en la de Spagnuolo se secuestró una máquina de contar billetes. El origen de los fondos será objeto de investigación, aunque por ahora el empresario farmacéutico no fue citado a declarar. La expectativa judicial está puesta en recuperar los audios originales que confirmarían el esquema de sobornos.

Paralelamente, otro equipo analiza la documentación secuestrada en la sede de la ANDIS y en propiedades vinculadas a los implicados, con el fin de determinar si hubo contratos direccionados hacia Suizo Argentina y pedidos de retornos a proveedores.

Los audios de Spagnuolo, difundidos la semana pasada, apuntaron directamente a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, y mencionaron además a Eduardo “Lule” Menem y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. “Estamos hablando de entre medio palo y 800 lucas de medicamentos por mes”, se lo escucha decir en una de las grabaciones.

Tras el estallido del caso, Spagnuolo y Garbellini fueron desplazados de sus cargos y el Gobierno designó a Alejandro Vilches como interventor en la ANDIS, con la orden de realizar una auditoría interna.

El escándalo impactó de lleno en la gestión libertaria y abrió un frente político en medio del inicio de la campaña electoral. La oposición en el Congreso exigió explicaciones, mientras que el oficialismo denunció una maniobra política en su contra. Cristina Fernández de Kirchner reapareció con críticas al señalar que el caso “es infinitamente peor” que la causa Vialidad y apuntó contra Karina Milei y Lule Menem.

En respuesta, referentes del Gobierno como Martín Menem y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendieron a la hermana del Presidente y hablaron de un “operativo de desgaste”. “Pegarle a Karina Milei es pegarle al Presidente”, sostuvo Francos.

Analistas y opositores consideran que se trata de la mayor crisis política para el gobierno de Javier Milei desde su asunción. Los próximos pasos de la Justicia, en particular el peritaje de los celulares secuestrados, resultarán decisivos para establecer el alcance de las acusaciones en una causa que combina denuncias de corrupción, tensiones internas y un clima electoral en ascenso.