Sebastián Leme: “Los trabajadores que participaron de la toma fueron despedidos con justa causa y no corresponde indemnización”

El abogado y apoderado de Acerías Berisso, Sebastián Leme, dialogó con FM Berisso Ciudad y se refirió al conflicto que atraviesa la empresa, la reapertura de la planta y la situación de los trabajadores que quedaron fuera de la actividad. El representante legal de la firma aseguró que no hubo despidos previos a la toma de la fábrica, explicó que en septiembre de 2025 se había alcanzado un acuerdo en el Ministerio de Trabajo para avanzar con una reestructuración y cuestionó duramente las acciones encabezadas por el dirigente sindical Carlos Lazarte.

En primer lugar, Leme ubicó el conflicto en un contexto económico más amplio y sostuvo que la crisis de Acerías Berisso no comenzó el año pasado, sino que se arrastra desde hace varios años. “El año pasado no, es un conflicto largo que viene de hace mucho tiempo. Viene dado en un sector de la economía muy golpeado. En este caso es el sector de la fundición, la metalúrgica, que viene golpeado. De hecho, lo podrán ver en las noticias, cierran empresas del sector todo el tiempo”, explicó.

Según el abogado, la empresa atravesaba desde hacía tiempo una situación de baja producción y ventas que impedía alcanzar el equilibrio económico necesario para sostener la estructura de personal. “Era una empresa que estaba sobredimensionada en su personal. Las ventas eran tan bajas y la producción era tan baja que no alcanzaba. Ya desde hacía bastante tiempo no alcanzaba el punto de equilibrio para poder, con los fondos que ingresaban, costear todos los gastos”, señaló.

Leme explicó que, frente a esa situación, los anteriores directivos comenzaron a recurrir al sistema financiero para poder afrontar los gastos salariales. “Esto llevó a una situación en que los directivos de entonces, a partir de 2023-2024, empezaban a tomar créditos en el sistema financiero, básicamente para cubrir los gastos salariales. No querían despedir, trataban de aumentar las ventas y la cantidad de toneladas y evitar los despidos”, afirmó.

Sin embargo, aseguró que la estrategia terminó siendo insostenible porque la producción no lograba recuperarse. “Esa situación se volvió insostenible ya para el año 2025 porque no remontaba la producción”, manifestó.

En ese sentido, también apuntó contra problemas vinculados con la calidad de parte de la producción. Según relató, una proporción importante de la mercadería era devuelta por los clientes debido a supuestos defectos. “De 20 toneladas que producían, que no alcanzaban para cubrir el 50 por ciento de los gastos, diez venían rebotadas. Los clientes que recibían esa mercadería decían que tenían defectos de producción, que no las podían mecanizar y las devolvían a la empresa”, sostuvo.

El abogado explicó que las devoluciones generaban un perjuicio económico considerable porque el material no podía ser utilizado nuevamente sin atravesar un nuevo proceso. “Esa mercadería que se devuelve no es que se pueda reutilizar. Hay que volver a fundir y eso implica gastos, implica una inversión y que no se cobre”, declaró.

Además, sostuvo que frente al panorama, la empresa planteó una reestructuración ante la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). “En ese momento se plantea la reestructuración ante la UOM. Yo participaba de muchísimas audiencias en el Ministerio de Trabajo. Me llamaban de la delegación de La Plata y me decían: ‘Tenemos una audiencia urgente’, fui y estaban los delegados de la UOM, el representante de la UOM y el representante del Ministerio de Trabajo”, relató.

El abogado reconoció que existieron situaciones de maltrato por parte de algunos directivos de la empresa hacia los trabajadores, aunque consideró que ese problema no podía ocultar la crisis financiera. “Había unos directivos en ese momento que trataban muy mal a la gente. Eso era completamente cierto. Era maltrato, era un tipo muy mal llevado, que maltrataba mucho a la gente”, admitió.

En el mismo sentido, aseguró que durante las reuniones con representantes sindicales planteaba que la situación económica requería tomar decisiones para evitar que la empresa llegara a una instancia todavía más grave. “En cada audiencia que participaba le planteaba a la gente de la UOM que nos dejáramos de “pavear” con ciertas cosas y enfrentáramos la situación porque la empresa estaba por entrar en una crisis profunda que podía derivar en la quiebra”, indicó.

Otro de los cuestionamientos formulados por el letrado estuvo dirigido a los delegados sindicales. Según señaló, en ese momento la planta contaba con alrededor de 48 trabajadores, entre ellos tres delegados. “Eran tres de UOM, uno de ASIMRA, eran 48 trabajadores en total y se tomaban como mínimo uno o dos días por semana para tareas sindicales. Los convenios colectivos establecen que los delegados tienen que cumplir tareas sindicales y cuando las tienen que cumplir tienen que tener un certificado, estos delegados hacían lo que querían”, advirtió.

Uno de los puntos centrales de la explicación de fue el acuerdo alcanzado en septiembre de 2025 en el Ministerio de Trabajo.  “En septiembre de 2025 hubo un acuerdo del Ministerio de Trabajo entre la empresa, la UOM y los delegados. Se acordó que determinada cantidad de personas debían aguardar en sus casas una resolución de la situación, si volvían a trabajar o si se arreglaba su indemnización”, reveló.

Leme fue enfático en señalar que según su interpretación, esa situación no implicaba un despido. “No es despido de ninguna forma, no perdés tu derecho salarial. Solamente te quedas en tu casa y se iba a hacer una propuesta de reestructuración. Eso no es ni despido, ni por casualidad ni por asomo. No es despido”, remarcó.

Según el relato del apoderado de Acerías Berisso, el conflicto se profundizó luego de que Carlos Lazarte y otros trabajadores rechazaran ese esquema y decidieran tomar la planta. “Lazarte no lo aceptó o no lo quiso aceptar y convocó a toda la gente y dijo: ‘Muchachos, vamos y tomemos la empresa’. Eso no se tiene que hacer”, aseveró.

“Directamente toman la empresa, la bloquean, no permiten salida de material, no permiten salida de mercadería. La escribanía constató el bloqueo, constató la toma, se los invitó a salir, decían que no, que no iban a salir, se radicó una denuncia penal por usurpación y a los dos o tres días salieron”, relató.

“A partir de esa fecha no se pudo abrir la planta. La consigna de Lazarte y algunos otros trabajadores era: ‘O entran todos o no entra ninguno, esa postura imposibilitó que la empresa pudiera retomar progresivamente su actividad”, agregó. 

“Hubo tres intentos de la empresa de volver a retomar tareas y los tres intentos fueron violentos, con Carlos Lazarte a la cabeza. Estamos hablando de piñas, bloqueo de puertas, amenazas, piedrazos, gente lastimada. A uno, Tomás Díaz, le rompieron la cabeza y los ojos. A otro, Leonardo Herrera, también lo golpearon”, observó. 

Además, sostuvo que la situación llegó al punto de impedir que trabajadores pudieran acercarse a la planta. “No se podía acercar a la empresa, directamente se llevaba a niños, mujeres y ex empleados a bloquear. No se podía abrir, no se podía hacer nada”, manifestó.

Respecto de los trabajadores que fueron despedidos, Leme sostuvo que las desvinculaciones se produjeron como consecuencia de los bloqueos y la toma de la planta. “A todos los que participaban en las tomas se los despidió. ¿Y cuál es la consecuencia del despido? No tenés derecho indemnizatorio”, afirmó.

“Los trabajadores que participaron de la toma violenta de la empresa y que impidieron el libre ejercicio del comercio fueron despedidos. No corresponde indemnización. Los que fueron despedidos fueron despedidos por causa del bloqueo. A esos trabajadores nosotros no les vamos a pagar indemnización”, puntualizó. 

No obstante, reconoció que existen sumas salariales pendientes correspondientes al período previo a los despidos. “Se les debe el mes de octubre hasta la fecha del despido. Si uno fue despedido y considera que es injusto, tiene que iniciar un juicio laboral. De hecho, nosotros tenemos varios juicios laborales y ya estamos arreglando, hasta ahora, diez juicios laborales”, expresó.

Por otro lado, brindó detalles sobre la situación económica actual de la compañía y aseguró que las deudas acumuladas son millonarias. “La empresa hoy tiene una deuda de 4.000 millones de pesos con el sistema financiero solamente. Los directivos anteriores están endeudados personalmente en 1.100 millones de pesos”, señaló.

Otro de los puntos que buscó aclarar durante la entrevista fue la diferencia entre concurso preventivo y quiebra. “Acerías Berisso se presentó en concurso preventivo. El concurso preventivo no es una quiebra, es un procedimiento establecido por la ley. Cuando una empresa está aquejada por deudas, se presenta ante un juez, solicita su concurso preventivo y todos aquellos que se consideran acreedores de la empresa tienen que ir a verificar su crédito”, sostuvo.

“La empresa no pierde de ninguna manera el ejercicio de su actividad económica. El juez actual del concurso preventivo ordenó la reapertura de la empresa, es decir, la reinstalación de los servicios. Y es por eso que pudimos volver a entrar a la empresa”, manifestó.

Leme también habló sobre las denuncias penales que se realizaron durante el conflicto. “Durante este año tuve que meter denuncias penales y otros empleados que fueron lastimados metieron denuncias penales contra Lazarte y otros trabajadores que los amenazaron, que les pegaron, que no les dejaban ejercer libremente el derecho de trabajar. La Justicia Penal dictó medidas cautelares de prohibición de acercamiento de Lazarte y otras personas también”, aseguró.

En ese sentido, negó que el dirigente sindical haya concurrido a la zona de la empresa simplemente para visitar a un amigo, como se había señalado públicamente. “Es completamente falso, él no puede acercarse a la empresa. Lo que pasa es que como tiene una perimetral, llamamos a la Policía y él se escondió en la casa de un vecino”, dijo.

También aseguró que Lazarte habría continuado realizando comunicaciones destinadas a convocar trabajadores ante movimientos dentro de la planta. “Comandaba un grupo de WhatsApp donde les avisaba: ‘Están por vaciar la empresa’. Les mintió que íbamos a vaciar la empresa, les mintió que íbamos a cambiar de nombre, esas comunicaciones generaban nuevas concentraciones en las inmediaciones de la fábrica e impedía reabrir la fábrica”, subrayó. 

También señaló que, al retomar el control de la planta, encontraron elementos dañados o faltantes. “Nos encontramos con una situación de esas características. Cosas robadas, todo roto, los portones soldados, cosas que faltaban adentro. Hay un espectrómetro, que es un instrumento muy importante, que puede valer 10 o 15 mil dólares, que faltaba”, denunció.

Finalmente, Sebastián Leme sostuvo que el objetivo de la actual conducción es recuperar la actividad de Acerías Berisso y evitar que la empresa vuelva a quedar paralizada. “Tenemos que defender a la empresa. Es una empresa, es una sociedad anónima. Tenemos que mirar al ente, no a las personas que están. La empresa quiere funcionar y es una más que ponemos en funcionamiento. No la tiremos para atrás. Luchemos por crear más empresas en Berisso”, concluyó.