Polémico
Bullrich impulsa una reforma para crear un "FBI criollo" con patrullaje digital sin orden judicial
La ministra de Seguridad busca modificar la Ley Orgánica de la Policía Federal para habilitar tareas de inteligencia en redes sociales sin control judicial y permitir detenciones por sospecha.
6 de Junio de 2025
Patricia Bullrich presentó un proyecto que desató fuertes críticas por su intento de reestructurar profundamente la Policía Federal Argentina (PFA). Entre los puntos más controversiales del borrador se destacan la posibilidad de realizar patrullajes en redes sociales sin autorización judicial y de detener personas por presunción de delito, sin orden previa de un juez.
Patricia Bullrich quiere que la Policía Federal sea el FBI argentino y patrulle las redes sociales sin autorización judicial.?? pic.twitter.com/DOHlBwtetv
— erechenique (@erechenique) June 6, 2025
El documento, al que accedió Ámbito, busca convertir a la PFA en una fuerza de investigación proactiva, con un enfoque similar al del FBI estadounidense. En ese marco, la nueva redacción del Artículo 6 propone que la policía pueda operar en “espacios públicos digitales”, como redes sociales y sitios web, sin necesidad de autorización judicial, aunque aclara que deberán respetarse “la protección de datos personales, la libertad de expresión y la privacidad”.
Además, el texto incorpora la posibilidad de detener a personas si existen circunstancias que “hagan presumir” que hayan cometido o pudieran cometer un delito, y si no pueden acreditar su identidad en el momento. Esta medida sería informada al juez de turno pero no requeriría su aprobación previa.
Otro inciso plantea que la PFA podrá “registrar y calificar a personas dedicadas a actividades que la policía debe reprimir”, sin detallar criterios ni garantías. También se habilita a la fuerza a ampliar sus tareas por pedido del Ministerio de Seguridad.
El proyecto aún no llegó al Congreso, pero ya genera tensiones dentro del propio oficialismo y preocupación en sectores que advierten sobre el riesgo de autoritarismo, vigilancia masiva y violación de derechos constitucionales.