Caminos rurales bonaerenses: el 79% de los productores los califica como malos o muy malos

Un relevamiento realizado por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (Aapresid), el Movimiento CREA y la Sociedad Rural Argentina expuso el deterioro de los caminos rurales en el sudeste bonaerense y la Cuenca del Salado.

Según los resultados, el 79% de los productores consultados calificó la transitabilidad de las vías que utiliza diariamente como “mala” o “muy mala”.

Las dificultades para circular generan demoras en el retiro de la producción, mayores costos logísticos y pérdidas económicas para los productores bonaerenses. De hecho, el 68% de los encuestados afirmó haber sufrido algún perjuicio financiero debido a las demoras o a la imposibilidad de sacar la producción de sus establecimientos.

Además, el 59% de los productores estimó que el deterioro de los caminos incrementa los costos logísticos en más de un 10%, principalmente por mayores gastos de flete, mantenimiento y desgaste de los vehículos.

El informe también señala que circular por caminos de tierra deteriorados puede elevar entre un 20% y un 30% el consumo de combustible, además de reducir la vida útil de los neumáticos.

Pozos, deformaciones y falta de señalización

Entre las principales deficiencias identificadas aparecen los pozos en las calzadas de tierra, mencionados por el 68% de los participantes.

A su vez, el 82% detectó deformaciones en los caminos rurales. Dentro de ese grupo, el 27% aseguró que las encuentra con bastante frecuencia, mientras que el 55% indicó que aparecen cada tanto.

La señalización vial también constituye uno de los principales problemas. El 82% de los trabajadores rurales consultados sostuvo que las señales de tránsito en los caminos de tierra son prácticamente inexistentes o se encuentran deterioradas, lo que refleja deficiencias tanto en el mantenimiento como en la actualización de las medidas de seguridad vial.

El relevamiento dimensionó además la importancia de esta red para la actividad productiva argentina. El país cuenta con unos 500.000 kilómetros de caminos rurales, equivalentes al 82% de toda la red vial nacional.

En ese contexto, siete de cada diez productores consultados manifestaron estar dispuestos a colaborar con los gobiernos municipales y provinciales para mejorar el estado de estas vías.

Menos recursos para la infraestructura vial

El deterioro de los caminos rurales se produce, además, en un contexto de fuerte reducción del gasto destinado a la infraestructura vial nacional.

De acuerdo con un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Dirección Nacional de Vialidad dispone en 2026 de alrededor de $563.000 millones, un 79% menos en términos reales que en 2023.

Asimismo, los recursos destinados específicamente al mantenimiento de rutas nacionales disminuyeron cerca de un 70% durante el mismo período.

La provincia de Buenos Aires se encuentra entre las jurisdicciones que registraron una mayor reducción del gasto vial nacional. Según el mismo análisis, entre 2023 y 2025 los recursos ejecutados por Vialidad Nacional en territorio bonaerense pasaron de $468.500 millones a $70.200 millones en términos reales, lo que representa una caída cercana al 85%.

El informe aclara que los datos provinciales correspondientes a 2026 corresponden al presupuesto vigente y no al gasto efectivamente ejecutado, por lo que todavía pueden modificarse.

Productores de 9 de Julio buscan administrar los caminos rurales

Frente al deterioro de la red vial rural, la Sociedad Rural de 9 de Julio presentó ante el Concejo Deliberante local un proyecto para asumir la administración y el mantenimiento de los caminos rurales del distrito.

La iniciativa contempla la creación de una comisión de trabajo integrada por productores y un gerente técnico elegido por concurso, que tendría a su cargo la determinación de la asignación de recursos y la ejecución de obras viales e hidráulicas.

El proyecto propone destinar el 85% de lo recaudado mediante la tasa vial municipal y el 100% de los fondos provinciales asignados al partido para obras al mantenimiento de la infraestructura rural.

El presidente de la entidad, Hugo Enriquez, explicó que la propuesta surgió después de cinco meses de trabajo, durante los cuales analizaron experiencias implementadas en municipios como Trenque Lauquen y Benito Juárez, para adaptarlas a las necesidades de 9 de Julio.

Uno de los principales objetivos es establecer una política de mantenimiento que pueda sostenerse más allá de los cambios de gobierno y convertirse en una política de Estado, debido al impacto que tienen los caminos rurales sobre la logística de la actividad agropecuaria.

“Tras mucho debate, pusimos lo que creímos conveniente y se lo estamos entregando a los presidentes de bloque del Consejo Deliberante y enviándolo al Ejecutivo para ponerlo al tanto. Esperamos que esto camine y se haga realidad”, expresó Enriquez.

Ingenieros respaldaron la iniciativa con condiciones

La propuesta recibió posteriormente el respaldo del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires, aunque la entidad estableció como condición que cualquier participación privada en el financiamiento o ejecución de obras respete la normativa vigente y cuente con planificación técnica.

El presidente del Colegio, Jorge O. Castellano, consideró que la participación de quienes pueden afrontar los costos de determinadas obras de infraestructura vecinal puede ser una alternativa positiva, siempre que se cumplan los procedimientos establecidos.

Desde la entidad profesional advirtieron que intervenir en los caminos rurales sin estudios previos puede afectar terrenos vecinos y modificar el escurrimiento del agua. Por ese motivo, señalaron que cada camino requiere un tratamiento específico de acuerdo con sus características y el uso que tenga.

En ese sentido, el Colegio recordó que la Ordenanza General 165/73 establece la necesidad de realizar estudios, elaborar proyectos, contar con dirección técnica de profesionales habilitados y obtener las autorizaciones administrativas correspondientes antes de iniciar las obras, independientemente de quién aporte los recursos.

Castellano también remarcó que los municipios mantienen un rol central como autoridad de aplicación y que la participación de productores, cooperativas o consorcios no elimina las obligaciones establecidas por la legislación.

“No es posible presentar una idea hoy para ejecutarla mañana. Hay procedimientos que deben respetarse porque son previsiones que existen justamente para evitar daños posteriores”, sostuvo el titular del Colegio.

Además, cuestionó las intervenciones que se limitan al paso de la motoniveladora sin abordar los problemas estructurales e hidráulicos que afectan a los caminos rurales.