Causa $LIBRA: la Procuraduría pidió reabrir la investigación contra Javier Milei y los otros imputados

La causa judicial por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo luego de que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) solicitara reabrir la investigación y presentara una apelación para que la Justicia revise el sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otras nueve personas investigadas.

El organismo, especializado en investigar posibles delitos vinculados con funcionarios públicos y encabezado por el fiscal Sergio Rodríguez, consideró que la pesquisa aún no está agotada y que existen elementos relevantes que deben profundizarse antes de dar por concluido el expediente.

La presentación cuestiona la resolución del 23 de octubre del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien sobreseyó a los once investigados a pedido del fiscal Eduardo Taiano. Este último había sostenido que los hechos denunciados no constituían delitos y que las pruebas reunidas no permitían acreditar una maniobra de estafa.

La intervención de la PIA expuso una diferencia de criterios dentro del Ministerio Público Fiscal respecto de la continuidad de la investigación. Mientras Taiano impulsó el cierre de la causa, la procuraduría especializada considera necesario avanzar con nuevas medidas para esclarecer lo ocurrido.

Las pruebas que la PIA considera pendientes

Uno de los ejes centrales de la presentación está relacionado con las pruebas que, según la evaluación del organismo, todavía no fueron examinadas de manera suficiente.

Entre las medidas que considera necesario profundizar figuran la trazabilidad de los fondos vinculados con $LIBRA, el análisis de las comunicaciones entre los involucrados, los posibles acuerdos comerciales y los movimientos de dinero registrados durante la operatoria.

La procuraduría también cuestionó que determinados indicios hayan sido evaluados de forma aislada, sin analizar si su consideración conjunta permitiría reconstruir posibles conductas delictivas.

En ese sentido, sostuvo que las dificultades para obtener información técnica o las respuestas incompletas a determinados requerimientos no deberían utilizarse como fundamento para cerrar una investigación. Por el contrario, consideró que esas limitaciones deberían motivar nuevas diligencias.

Otro de los aspectos que busca profundizar es la posible existencia de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, una de las hipótesis analizadas durante la instrucción.

El sobreseimiento de Milei y los argumentos del juez

La causa se inició luego de que Javier Milei promocionara la criptomoneda $LIBRA desde su cuenta de X el 14 de febrero de 2025. En esa publicación, el mandatario difundió el proyecto como una iniciativa destinada a financiar emprendimientos privados argentinos.

Tras el mensaje presidencial, el precio del activo digital registró una fuerte suba y posteriormente se desplomó. La caída motivó denuncias de inversores que aseguraron haber sufrido pérdidas económicas.

La investigación judicial buscó determinar si existió una maniobra engañosa para captar compradores y si funcionarios públicos tuvieron participación en conductas penalmente relevantes.

Además del Presidente y de Karina Milei, entre las personas investigadas se encontraban Mauricio Novelli, Hayden Davis, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales.

Sin embargo, el fiscal Eduardo Taiano concluyó que las pruebas reunidas no permitían demostrar los elementos necesarios para configurar una estafa.

Al disponer los sobreseimientos, el juez Marcelo Martínez de Giorgi consideró que la publicación presidencial y la posterior caída de la cotización no eran suficientes para acreditar ese delito. En relación con Javier Milei, sostuvo que no se había probado que su intervención constituyera un acto oficial del Gobierno ni que hubiera utilizado facultades estatales para beneficiar el lanzamiento de la criptomoneda.

Respecto de Karina Milei, el magistrado analizó comunicaciones y referencias a reuniones relacionadas con los promotores del proyecto, pero concluyó que esos elementos no demostraban la existencia de un acuerdo ilícito.

Otro de los aspectos señalados en el expediente es que ninguna de las once personas sobreseídas había sido convocada a prestar declaración indagatoria antes de la resolución del 23 de octubre.

Ahora, la PIA cuestiona que la evaluación realizada haya sido suficiente para cerrar definitivamente la investigación.

El pedido de intervención de organizaciones especializadas

La incorporación de la procuraduría al expediente se produjo luego de un planteo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).

Ambas organizaciones participan en la causa como amicus curiae y habían solicitado que el organismo especializado asumiera un papel activo en la investigación. A su entender, el sobreseimiento resultaba prematuro porque todavía existían diligencias pendientes y cuestiones relevantes sin esclarecer.

Desde el CIPCE calificaron la intervención de la procuraduría como un “paso fundamental” y advirtieron sobre la importancia de esclarecer hechos que involucran a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo.

Las entidades también cuestionaron el desempeño del fiscal Eduardo Taiano, particularmente en relación con los tiempos de análisis de las pruebas y las decisiones adoptadas sobre distintas medidas solicitadas durante la investigación.

Otro de los planteos estuvo vinculado con los derechos de quienes denunciaron haber sufrido perjuicios económicos. Las organizaciones cuestionaron que el cierre de la causa se hubiera dispuesto sin garantizar, según su interpretación, una instancia suficiente para que los damnificados solicitaran la revisión del criterio fiscal.

La PIA había iniciado actuaciones propias poco después del lanzamiento de la criptomoneda, aunque no había intervenido en la investigación penal conducida por Taiano durante aproximadamente un año y medio.

Los damnificados también apelaron el fallo

El pedido de la procuraduría se suma a los recursos presentados por distintos inversores que denunciaron pérdidas económicas tras el derrumbe de $LIBRA.

Entre ellos, Juan Patricio Marchetto, patrocinado por Juan Grabois y Nicolás Rechanik, presentó una apelación de 40 páginas contra la resolución del juez Martínez de Giorgi. En el escrito cuestionó la valoración de las pruebas y sostuvo que todavía existían medidas relevantes pendientes.

También recurrieron el fallo Martín Romeo y dos inversores de Bielorrusia, representados por el abogado Nicolás Oszust.

Entre los cuestionamientos de los damnificados se encuentra su exclusión como querellantes y el procedimiento que derivó en los sobreseimientos. Uno de los principales argumentos sostiene que la falta de elementos suficientes para formular una acusación en una determinada etapa procesal no equivale necesariamente a demostrar que los hechos denunciados no constituyeron un delito.

En paralelo, la Cámara Federal de Casación Penal tiene pendiente pronunciarse sobre el apartamiento de los denunciantes de su condición de querellantes.

De esta manera, el pedido de la PIA y las apelaciones de los damnificados abren nuevas instancias de revisión judicial sobre el cierre de la causa $LIBRA. La continuidad del expediente dependerá de las decisiones que adopten los tribunales competentes frente a los planteos presentados.