Citan a declarar a los concejales que recibieron amenazas tras la polémica por el caso de la nutria

Los 12 concejales que denunciaron haber recibido amenazas en redes sociales luego de no acompañar un proyecto para declarar personas no gratas a los dos jóvenes acusados de matar una nutria en Huanguelén deberán prestar declaración testimonial en el marco de una investigación judicial.

La novedad se conoció durante las últimas horas, cuando comenzaron a llegar notificaciones al Concejo Deliberante convocando a los ediles afectados a presentarse a la brevedad en la Comisaría Segunda para aportar información sobre los hechos denunciados.

Según trascendió, varios de los concejales se encontraban recopilando capturas de pantalla y otras pruebas para presentar ante la Justicia. De acuerdo con sus testimonios, recibieron miles de mensajes a través de redes sociales, algunos con insultos y otros con amenazas dirigidas tanto a ellos como a sus familias.

La investigación se inició de oficio luego de que trascendiera públicamente la situación. Las amenazas comenzaron tras el rechazo de un proyecto que buscaba declarar personas no gratas a Imanol Santerre y Bautista Bravo, los jóvenes señalados por haber matado una nutria a patadas.

La iniciativa había sido impulsada por la presidenta del cuerpo deliberativo, Gisela Caputo, junto a los concejales Emiliano Álvarez Porte y Fabiana Úngaro. Sin embargo, la propuesta no logró reunir los votos necesarios para su aprobación.

Durante la sesión realizada la semana pasada, el proyecto obtuvo 10 votos favorables, cuando necesitaba 16 para avanzar. La mayoría de los concejales optó por respaldar una declaración de repudio al hecho, pero rechazó la figura de "persona no grata", una medida que históricamente tuvo escasas aplicaciones en el ámbito local.

Tras la votación, se generó un intenso debate en redes sociales y comenzaron a difundirse los nombres de los concejales que no acompañaron la iniciativa. Según denunciaron algunos de los afectados, esa exposición derivó en una campaña de hostigamiento y amenazas.

El episodio también generó malestar dentro del ámbito legislativo, donde algunos de los concejales cuestionaron la difusión de los nombres de quienes votaron en contra del proyecto y reclamaron que se investigue el origen de los mensajes intimidatorios.

Ahora, la Justicia busca reunir pruebas y testimonios para determinar la responsabilidad de las personas involucradas en las amenazas denunciadas.