Concejal libertario comenzó a cumplir una inhabilitación por manejar alcoholizado

El concejal de La Libertad Avanza (LLA) en Bahía Blanca, Felipe Ferrández, en las últimas horas entregó su licencia de conducir y comenzó a cumplir una inhabilitación que le impide manejar durante seis meses tras haber conducido en estado de ebriedad. La medida se activó luego de que la Justicia rechazara su último intento de evitar la sanción por infringir las normas de tránsito.

En la tarde del lunes, el edil libertario se presentó en el Juzgado de Faltas Nº2 y formalizó la entrega del carnet de conductor. El dirigente cumplió con el fallo judicial tras el episodio ocurrido en la Navidad de 2022, cuando aún no ocupaba una banca y manejaba con alcohol en sangre.

Por su parte, desde la dependencia judicial a cargo de Soledad Monardez, señalaron que Ferrández ya comenzó a cumplir la sanción administrativa. “Se presentó a última hora de ayer en el juzgado y entregó la licencia”, indicaron desde el área municipal de Faltas, lo que terminó de formalizar la ejecución de la medida tras quedar firme el fallo.

Vale precisar que la Sala I de la Cámara Penal ya había desestimado días atrás un recurso extraordinario presentado por la defensa de Ferrández. En ese marco, los jueces Christian Yesari y Gustavo Barbieri consideraron inadmisible el planteo, por lo que confirmaron tanto la multa como la inhabilitación que pesa sobre el alfil local de LLA.

El cuerpo judicial sostuvo que los argumentos del representante del deliberativo local no introducían elementos nuevos respecto de presentaciones anteriores y señalaron que la defensa expresó solo una disconformidad con el criterio adoptado por la jueza de primera instancia.

El origen del expediente se remonta al 25 de diciembre de 2022, cuando Ferrández fue interceptado mientras conducía una Renault Kangoo. Según los reportes, el actual concejal opositor se habría negado a someterse al control de alcoholemia, una conducta que la Ley Nacional de Tránsito 24.449 considera una presunción positiva.

En aquella instancia, la jueza correccional María Laura Pinto había impuesto en primera instancia una multa de $145.440 pesos junto con la inhabilitación para conducir. Si bien el dirigente abonó la sanción económica, mantuvo su estrategia judicial para evitar la restricción sobre su licencia.

Durante la tramitación del caso, el edil cuestionó la validez del acta administrativa al alegar supuestas irregularidades. Sin embargo, la Cámara descartó esos planteos al remarcar que ya habían sido analizados en instancias anteriores sin modificar el resultado.