Crisis en PAMI: falta de conducción, éxodo de médicos y recortes paralizan la atención

La delegación local de PAMI atraviesa una profunda crisis que afecta de manera directa a miles de afiliados. La combinación de una prolongada acefalía, la salida masiva de médicos de cabecera y el rechazo a las nuevas modalidades de pago impulsadas desde la sede central ha generado una virtual parálisis en el sistema de atención.

Desde la salida de su último director, Martiniano Corbetta, quien dejó el cargo para asumir como concejal por La Libertad Avanza, la oficina no cuenta con una conducción formal. Según trascendió, los intentos del Gobierno nacional por cubrir el puesto no prosperaron, ya que distintos candidatos habrían rechazado asumir ante la presión política y la deuda acumulada con prestadores clave, como laboratorios, farmacias y centros de diagnóstico.

El clima interno también se ve afectado por versiones sobre un posible plan de retiros voluntarios a nivel nacional, lo que incrementa la incertidumbre entre los trabajadores administrativos.

El conflicto se intensificó tras la implementación de la Resolución 1107, que modifica el esquema de pago a los médicos de cabecera. Mientras desde el organismo se plantea como una simplificación administrativa con aumento de la cápita —de $1.000 a $2.100—, los profesionales denuncian que se trata de un “recorte encubierto”.

Desde la Asociación de Profesionales de PAMI (APPAMIA) advierten que la nueva normativa elimina el pago por consulta presencial y unifica diversas prestaciones en un monto fijo, lo que en la práctica reduce los ingresos reales. Según sostienen, el valor actual no alcanza a cubrir los costos básicos de funcionamiento de un consultorio, y reclaman una cápita mínima de $6.500 para garantizar condiciones adecuadas de atención.

Como consecuencia de estas condiciones, numerosos médicos han decidido dejar de prestar servicios, lo que agrava la situación de los afiliados. Actualmente, hay poco más de 30 médicos de cabecera para una población cercana a los 24.000 beneficiarios, con profesionales que llegan a atender hasta 1.500 pacientes cada uno.

A esta escasez se suman las demoras en la asignación de turnos con especialistas, que pueden extenderse entre cuatro y cinco meses, profundizando las dificultades en el acceso a la salud.

Frente a este escenario, los jubilados comenzaron a organizarse y visibilizar el conflicto. En una reciente movilización, plantearon la necesidad de una “resistencia colectiva”, al considerar que la problemática excede al sector y afecta al conjunto de la sociedad.

“Esta no es una lucha de cuatro viejos locos. Esto es algo que nos atraviesa a todos”, expresaron durante la protesta, donde también se definieron como la “tercera pata de la clase trabajadora” y reclamaron respuestas urgentes ante un sistema que, aseguran, hoy no garantiza sus derechos básicos.

Mientras tanto, la delegación local continúa dependiendo de las decisiones de la UGL XI con sede en Mar del Plata, en un contexto donde la falta de respuestas profundiza la preocupación por el acceso a la salud y la calidad de atención de los adultos mayores.