Denuncian a Luis Caputo, Iñaki Arreseygor y Fernando Cerimedo por presuntas irregularidades en la Hidrovía

Una denuncia penal solicitó investigar al ministro de Economía, Luis Caputo; al titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor; y al empresario Fernando Cerimedo, por presuntas irregularidades vinculadas con las autorizaciones otorgadas a la empresa Sanabria S.R.L. para operar en la Hidrovía.

La presentación fue realizada por Alejandro Sebastián Díaz Pascual, quien planteó la posibilidad de que la firma haya recibido un tratamiento privilegiado. Además, pidió determinar si pudieron haberse cometido los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

Las figuras legales planteadas son provisorias y deberán ser determinadas con precisión a medida que avance la investigación. La denuncia también alcanza a cualquier otra persona que pudiera resultar responsable.

La sociedad vinculada a Cerimedo

El planteo judicial pone el foco en la incorporación de Surlibre Inversiones S.A. a Sanabria S.R.L. Según la documentación mencionada en la presentación, la sociedad adquirió 150 de las 500 cuotas sociales de la empresa, lo que representa el 30% del capital.

A partir de esa operación, la composición societaria quedó integrada por Iván Alberto Sanabria, con 200 cuotas; Sergio Ezequiel Amarilla, con 150; y Surlibre Inversiones, con otras 150.

La denuncia sostiene que Surlibre está vinculada con Fernando Cerimedo y que su ingreso a Sanabria se concretó durante 2024. Posteriormente, la empresa habría conseguido en un período reducido las autorizaciones necesarias para desarrollar actividades en el río.

Sanabria tiene sede en Puerto General San Martín y originalmente se dedicaba a actividades relacionadas con una guardería náutica. Luego modificó su operatoria para comenzar a prestar servicios navales en la Hidrovía, entre ellos el abastecimiento de combustible diésel a remolcadores de barcazas.

Las autorizaciones bajo investigación

Uno de los puntos centrales de la denuncia es determinar cómo actuaron los organismos nacionales encargados de habilitar este tipo de actividades.

El escrito pone especial atención sobre la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, organismo que tiene bajo su órbita áreas relacionadas con los puertos, las vías navegables y el transporte fluvial y marítimo.

La entidad está encabezada por Iñaki Arreseygor, quien asumió en mayo de 2024 al frente del área de Puertos y Vías Navegables. La presentación solicita analizar la relación temporal entre su llegada al cargo, la incorporación de Surlibre a Sanabria y las autorizaciones cuestionadas.

La denuncia también menciona a Luis Caputo, debido a la vinculación del área portuaria con el Ministerio de Economía. El objetivo es establecer si hubo intervención o conocimiento de las autoridades económicas respecto de las decisiones administrativas adoptadas.

El denunciante pretende determinar si, después del ingreso de la sociedad relacionada con Cerimedo, funcionarios públicos facilitaron que Sanabria pudiera desarrollar una actividad que requería habilitaciones estatales bajo condiciones excepcionalmente favorables.

El pedido para revisar el trámite administrativo

La presentación plantea como hipótesis que determinados requisitos pudieron haber sido omitidos, flexibilizados o tramitados de manera excepcional. También solicita determinar si algunos procedimientos administrativos fueron acelerados.

Para reconstruir el proceso, se pidió incorporar todos los expedientes vinculados con Sanabria y establecer qué funcionarios participaron, cuáles fueron las condiciones exigidas, qué informes se elaboraron y quiénes autorizaron finalmente la operatoria.

Además, se solicitó comparar los tiempos de tramitación con los correspondientes a otras empresas del sector, con el objetivo de establecer si Sanabria recibió un trato diferencial.

El escrito también señala una posible diferencia entre los trámites nacionales y municipales, ya que la empresa tendría documentación pendiente para completar su habilitación local en Puerto General San Martín.

Qué pruebas solicitaron

La denuncia pide que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación entregue los expedientes, solicitudes, informes y antecedentes vinculados con las autorizaciones concedidas a Sanabria.

También se solicitó información a la Inspección General de Justicia, la Municipalidad de Puerto General San Martín, la Prefectura Naval Argentina, la Secretaría de Transporte, ARCA, la Unidad de Información Financiera, la Oficina Anticorrupción y la SIGEN.

Entre las medidas requeridas también figura la incorporación de documentación societaria de Sanabria y Surlibre, incluida la operación mediante la cual esta última adquirió el 30% de la empresa.

El pedido contempla además investigar el origen de los fondos utilizados en la operación y las eventuales comunicaciones que pudieran haberse producido entre los responsables de las empresas y funcionarios públicos.

La presentación solicita que se produzcan las medidas de prueba y que sean citadas las personas denunciadas. Será la Justicia la encargada de determinar si existieron irregularidades y, en caso de comprobarse, establecer las responsabilidades correspondientes.