Familiares de personas con discapacidad, organizaciones sociales y profesionales del sector realizaron este jueves una nueva movilización frente al Ministerio de Salud para reclamar el cumplimiento efectivo de la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso y la normalización de los pagos a prestadores.
Aunque la normativa fue reglamentada este año, quienes brindan servicios vinculados al sistema de prestaciones aseguraron que todavía no se regularizó el pago en tiempo y forma. Durante la protesta también se registraron momentos de tensión cuando intervino la Policía.
En el lugar las fuerzas de seguridad avanzaron sobre los manifestantes mientras reclamaban de manera pacífica. Entre las personas presentes en la movilización, Jonathan Yeferley expresó su malestar por la situación que atraviesa el sector. “Estamos reclamando nuestros derechos y nos hacen estas cosas. La verdad que no molestamos a nadie. Tenemos bronca porque no están cobrando los prestadores. Las personas con discapacidad no podemos vivir más así. Lamentablemente es la represión de siempre. Estábamos protestando pacíficamente, sobre la vereda y nos quieren desalojar”, afirmó.
Reclamo por la aplicación del presupuesto
La semana pasada el Ministerio de Salud dispuso un aumento del 5,87% en las tarifas del nomenclador del Sistema de Prestaciones de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, que funciona como referencia para los honorarios de profesionales que brindan tratamientos terapéuticos.
Según se informó oficialmente, el incremento fue calculado en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a diciembre de 2025 y enero de 2026, tal como establece la Resolución 340/2026 publicada en el Boletín Oficial.
Sin embargo, desde el sector consideran que la actualización es insuficiente y que el problema central sigue siendo la falta de pago a los prestadores.
En ese sentido, Carla, maestra especial que trabaja en un centro médico de Morón, remarcó la urgencia de que se aplique el presupuesto correspondiente. “Necesitamos que se aplique ya. Es urgente. Los chicos pierden su derecho de transporte, educación, terapia y acompañamientos. ¿Qué más tenemos que hacer?”, planteó.
Además, describió el impacto que la situación tiene en las familias y los profesionales. “Las cosas están mal, es angustiante. Tener que volver a la calle cuando esto ya se aprobó, se desaprobó y se volvió a aprobar otra vez. ¿Cuánto puede modificar el presupuesto? Que me lo vengan a explicar. Yo no soy economista, soy maestra y mamá”, concluyó.
