El Gobierno abrió una licitación internacional para explorar petróleo frente a la costa bonaerense

El Gobierno nacional habilitó la convocatoria a un concurso público internacional para adjudicar un permiso de exploración de hidrocarburos en el área CAN_200, ubicada en la Cuenca Argentina Norte, frente a la costa de la provincia de Buenos Aires. La medida fue oficializada mediante el Decreto 590/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Diego Santilli y del ministro de Economía Luis Caputo, y encomienda a la Secretaría de Energía la elaboración del pliego de bases y condiciones, la organización del proceso licitatorio y la eventual adjudicación del permiso de exploración y de una futura concesión de explotación.

La decisión tomó relevancia política porque el proceso se inició tras una manifestación de interés presentada en febrero de 2025 por Challenger Energy Group PLC, una empresa británica dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas en distintos países de América y el Caribe.

De acuerdo con el decreto, la compañía solicitó autorización para explorar un área de aproximadamente 5.000 kilómetros cuadrados bajo jurisdicción nacional. A partir de esa presentación, el Ejecutivo resolvió avanzar con un concurso internacional para determinar si existen otros interesados y definir quién obtendrá finalmente el permiso.

El bloque CAN_200 se encuentra a unos 350 kilómetros de la costa bonaerense, dentro de la Plataforma Continental Argentina, una zona considerada estratégica tanto por su potencial hidrocarburífero como por su importancia geopolítica.

El permiso contempla dos períodos exploratorios de cuatro años cada uno, con la posibilidad de una prórroga adicional de cinco años, por lo que el proyecto podría extenderse durante un máximo de 13 años. Además, establece un programa mínimo de inversiones equivalente a 120 Unidades de Trabajo.

En los fundamentos del decreto, el Gobierno sostiene que la política hidrocarburífera nacional apunta a incrementar la producción y maximizar la renta derivada de la explotación de los recursos naturales. También recuerda que el Concurso Público Internacional Costa Afuera N.º 1, realizado en 2018, permitió ampliar la actividad exploratoria en aguas argentinas, atraer inversiones privadas y generar empleo, además de despertar el interés de empresas internacionales en nuevos proyectos offshore.

Con ese objetivo, la Secretaría de Energía recibió todas las facultades necesarias para llevar adelante el procedimiento, incluyendo la aprobación del pliego, la evaluación de las ofertas y el otorgamiento del permiso.

Debate geopolítico

La medida se conoce en un contexto particularmente sensible para la política exterior argentina. Semanas atrás, la Cancillería presentó una protesta formal por el paso del patrullero oceánico británico HMS Medway, perteneciente a la Royal Navy, por aguas bajo jurisdicción argentina durante su navegación desde las Islas Malvinas hacia el Estrecho de Magallanes.

El episodio generó pedidos de informes en el Congreso y reavivó el debate sobre la presencia británica en el Atlántico Sur. En ese marco, el interés de una empresa con sede en el Reino Unido por desarrollar un proyecto petrolero en el Mar Argentino volvió a generar cuestionamientos desde distintos sectores políticos y especialistas, que consideran que este tipo de decisiones deben analizarse no solo desde el punto de vista económico, sino también geopolítico.

La discusión adquiere mayor relevancia debido a que el Reino Unido continúa desarrollando actividades vinculadas a la exploración de hidrocarburos en áreas próximas a las Islas Malvinas, cuya soberanía es reclamada por la Argentina.

Jurisdicción y protección de bienes del Estado

Otro de los aspectos destacados del decreto es la incorporación de cláusulas que permiten la prórroga de jurisdicción en favor de tribunales arbitrales internacionales con sede en países adheridos a la Convención de Nueva York de 1958 para resolver eventuales controversias relacionadas con los permisos de exploración y futuras concesiones.

No obstante, la norma aclara expresamente que esa posibilidad no implica una renuncia de la República Argentina a la inmunidad de ejecución sobre bienes considerados estratégicos. Entre ellos se encuentran las reservas del Banco Central, los bienes del dominio público, los activos destinados a servicios públicos esenciales, los bienes diplomáticos y consulares protegidos por las Convenciones de Viena, el patrimonio militar, los impuestos y regalías adeudados al Estado y los bienes que integran el patrimonio cultural nacional.