Jueves 17 de Julio de 2025

El Gobierno apelará el fallo que frenó la disolución de Vialidad Nacional

La decisión del Ejecutivo se conoció luego de que el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín hiciera lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional.

17 de Julio de 2025

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno nacional presentará una apelación judicial para revertir la medida que suspendió la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

 

La decisión del Ejecutivo se conoció luego de que el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín hiciera lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional. El fallo ordena al Estado abstenerse de aplicar cualquier acto administrativo vinculado al Decreto 461/2025, que disponía el cierre del organismo.

 

Según la resolución, deberán quedar suspendidas medidas como traslados, cesantías, reubicaciones, pases a disponibilidad o cualquier modificación de estructura que afecte a la DNV, garantizando la estabilidad de sus trabajadores.

 

La Justicia también reconoció el carácter autárquico del organismo y la plena vigencia de los Convenios Colectivos de Trabajo N.º 874/07 “E” y N.º 827/06 “E”. Además, advirtió que cualquier cambio unilateral en las condiciones laborales vulnera derechos protegidos por la Constitución y tratados internacionales de la OIT con jerarquía constitucional (87, 98 y 151).

 

Días atrás, Adorni había anunciado que el presidente Javier Milei había ordenado el “cierre definitivo” de Vialidad Nacional, a la que definió como un organismo “inventado para simplificar la corrupción”. Según indicó, la medida se enmarca en las facultades delegadas incluidas en la Ley Bases.

 

Además de la DNV, también se dispuso la eliminación de la Comisión Nacional del Tránsito, la Comisión de Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Por su parte, la CNRT sería reestructurada y pasaría a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte.

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