El Gobierno apelará el fallo que suspendió la reforma laboral tras una cautelar de la CGT

El Ministerio de Capital Humano anunció que apelará el fallo del Juzgado Nacional del Trabajo N°63, que suspendió de manera provisoria artículos centrales de la reforma laboral, luego de hacer lugar a una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT).

A través de un comunicado, la cartera encabezada por Sandra Pettovello confirmó que avanzará para revertir la decisión judicial con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación. La causa, caratulada como “Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional s/ Acción Declarativa”, cuestiona aspectos de la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral.

Desde el Ministerio defendieron la normativa sancionada por el Congreso en febrero, al considerarla una herramienta clave para la generación de empleo formal, la mejora de la competitividad y el fortalecimiento de la seguridad jurídica tanto para trabajadores como para empleadores.

En ese sentido, remarcaron que agotarán todas las instancias judiciales necesarias para garantizar la plena vigencia de la ley y cuestionaron a los sectores que impulsaron la cautelar, a quienes acusaron de priorizar intereses corporativos por sobre las reformas estructurales.

La resolución judicial, firmada este lunes, ordena suspender la aplicación de un conjunto de artículos al considerar que existen indicios de posibles afectaciones a derechos protegidos por la Constitución Nacional. El fallo se sustenta en dos criterios clave para este tipo de medidas: la “verosimilitud del derecho” y el “peligro en la demora”.

Según el magistrado, permitir la entrada en vigencia de la norma podría generar daños “graves e irreparables” sobre millones de trabajadores y sobre el sistema de relaciones laborales en su conjunto, por lo que resolvió frenar su implementación hasta que exista una sentencia definitiva.

La presentación de la CGT apunta contra diversos aspectos de la reforma, al sostener que implican una regresión en derechos laborales y sindicales. Entre los puntos cuestionados se destacan modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo, cambios en materia de jornada, vacaciones e indemnizaciones, así como limitaciones a la actividad sindical, el derecho de huelga y la negociación colectiva.

También se objeta la creación de nuevos mecanismos, como los fondos de cese laboral, que podrían alterar el esquema vigente. No obstante, el juez aclaró que en esta etapa preliminar no corresponde definir la constitucionalidad de la ley, sino evitar que sus efectos se apliquen hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión.