Resolución
El Tribunal de Cuentas aprobó las cuentas de Tandil pero detectó inconsistencias y observó a funcionarios
17 de Marzo de 2026
El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires emitió un fallo sobre la rendición de cuentas del ejercicio 2024 de la municipalidad de Tandil, en el que, si bien aprobó los estados contables, señaló incumplimientos legales, inconsistencias administrativas y observaciones que derivaron en llamados de atención a funcionarios.
La resolución, fechada el 12 de febrero de 2026 (expediente 4-114.0-2024), analizó la gestión financiera del municipio durante el período en el que la administración estuvo encabezada por el intendente Miguel Ángel Lunghi, con intervalos a cargo de Juan Pablo Frolik y María Haydee Condino.
Uno de los puntos más relevantes detectados por el organismo de control fue una diferencia significativa en el registro del patrimonio municipal, particularmente en la cuenta “Edificios e Instalaciones”. Durante la auditoría, se constató una discrepancia de 395.347.010,17 pesos entre el saldo del balance general y el monto registrado en el sistema de bienes físicos.
Esto implica que los valores asentados en la contabilidad oficial no coincidían con los registros del inventario patrimonial, una herramienta clave para verificar la existencia y valuación de los activos del Estado local. Según el Tribunal, la inconsistencia se originó en fallas en los procesos de conciliación entre ambos sistemas, lo que impidió validar con precisión la correspondencia de los datos.
En ese sentido, se advirtió que este tipo de irregularidades puede afectar la correcta valuación del patrimonio municipal y comprometer los mecanismos de transparencia y control.
Observaciones sobre presupuesto y deuda
Otro de los puntos observados estuvo vinculado al tratamiento de la deuda flotante del ejercicio anterior, es decir, compromisos de pago pendientes. Inicialmente, el municipio había previsto 450 millones de pesos para cubrir ese pasivo, pero luego debió ajustarlo a 1.372.724.280,85 pesos, cifra que reflejaba el saldo real al cierre de 2023.
El Tribunal determinó que el procedimiento utilizado para modificar estas partidas no se ajustó a la normativa vigente, lo que derivó en objeciones formales. En términos concretos, se señaló una deficiente planificación financiera y falencias en los mecanismos de actualización presupuestaria.
