Kicillof pidió respaldo judicial en medio de la disputa con Nación por fondos millonarios

En un acto realizado en Olavarría, el gobernador bonaerense Axel Kicillof reclamó el acompañamiento del Poder Judicial en el conflicto que mantiene con el Gobierno nacional por recursos que, según indicó, le corresponden a la Provincia y que superan los $14 billones.

“El torniquete aprieta cada vez más, no a los dirigentes sino a los trabajadores”, advirtió el mandatario, al intentar poner el foco en el impacto social de la disputa fiscal. El planteo se dio ante la presencia de jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en un contexto de creciente tensión entre la administración provincial y la Nación.

En paralelo, el gobernador defendió la continuidad de la obra pública en territorio bonaerense y cuestionó la paralización de proyectos a nivel nacional, en medio de un escenario de ajuste y recorte de partidas.

Desde la Gobernación ya se impulsaron ocho presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina por distintos reclamos, que incluyen desde el Fondo de Incentivo Docente hasta recursos previsionales y compensaciones al transporte. El más reciente supera el billón de pesos y está vinculado al incumplimiento del Consenso Fiscal.

El planteo del mandatario no obtuvo una respuesta directa del ámbito judicial. El juez Daniel Soria aclaró que el tribunal provincial no tiene competencia en conflictos de carácter federal. “Resolvemos casos y no podría haber ninguno federal que lo resolviéramos nosotros”, explicó, marcando un límite institucional.

No obstante, el magistrado coincidió en que la provincia arrastra un histórico atraso en materia de coparticipación, y mencionó el deterioro del Fondo del Conurbano como un ejemplo de un esquema que quedó desactualizado frente a las demandas actuales.

Detrás de la disputa aparece un problema estructural: Buenos Aires sostiene desde hace años que recibe menos recursos de los que aporta al sistema, una tensión que atraviesa distintas gestiones sin solución definitiva. En ese marco, el reclamo del Ejecutivo provincial busca no solo recuperar fondos específicos, sino también reabrir el debate sobre la distribución federal.

El episodio en Olavarría dejó en evidencia que el conflicto entre Provincia y Nación ya excede el plano administrativo y judicial, y se proyecta con mayor intensidad en el terreno político.

Al mismo tiempo, la situación expone las dificultades para avanzar en la designación de jueces en el máximo tribunal bonaerense, que actualmente funciona con tres integrantes sobre un total de siete cargos, con cuatro vacantes sin cubrir.

La designación de nuevos ministros requiere acuerdo del Senado provincial, un proceso que permanece trabado por la falta de consensos en una Legislatura fragmentada. Desde el entorno de Kicillof aseguran que se busca avanzar este año con los nombramientos, en negociaciones que involucran a distintos sectores del peronismo.

Sin embargo, la oposición también intenta disputar esos espacios, lo que complejiza el escenario y mantiene estancada una definición clave para el funcionamiento institucional de la provincia.