Kicillof suspende por 60 días las cuotas del Buenos Aires CREA en medio de la suba de la morosidad

En un escenario de deterioro en la capacidad de pago de los hogares y con una morosidad bancaria que trepó al 5,5% —el nivel más alto desde 2010—, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, dispuso la suspensión por 60 días del cobro de cuotas del programa Buenos Aires CREA, destinado a la refacción y ampliación de viviendas.

La decisión fue instrumentada por el Instituto de la Vivienda bonaerense y supone un alivio transitorio para las familias beneficiarias mientras se desarrolla una transición administrativa y se monitorea la evolución del recupero crediticio. La medida se adopta en un contexto en el que los datos del Banco Central de la República Argentina reflejan un deterioro en la calidad de la cartera del sistema financiero.

Aunque el sistema cerró 2025 con una mora del 5,5% sobre el total de préstamos al sector privado, la situación es más delicada en los créditos a familias. En ese segmento, la irregularidad alcanzó el 9,3%, con picos del 12% en préstamos personales y del 9,3% en tarjetas de crédito, lo que evidencia una presión creciente sobre el ingreso disponible de los hogares.

En este marco, los esquemas de financiamiento vinculados al consumo y a mejoras habitacionales quedaron bajo tensión, en especial aquellos dirigidos a sectores con menor margen presupuestario. El programa Buenos Aires CREA se orienta precisamente a esa franja social, por lo que la relación cuota-ingreso se volvió más exigente que la prevista al momento del otorgamiento de los créditos.

A su vez, la desaceleración inflacionaria redujo la licuación de pasivos, mientras que los salarios reales no acompañaron el ritmo de las tasas de interés reales, alterando el equilibrio inicial de los préstamos. Si bien los créditos hipotecarios tradicionales registran una mora baja —en torno al 1,2%—, las líneas ajustadas por UVA muestran un deterioro mayor, con niveles de irregularidad del 7,5%. El dato confirma que incluso los préstamos con garantía real enfrentan estrés financiero en un contexto de mayores restricciones y endurecimiento de los criterios de otorgamiento.

La suspensión del cobro de cuotas y de las intimaciones del Buenos Aires CREA se resolvió tras la disolución del Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial (PROFIDE), establecida por la Ley 15.557 de Presupuesto 2026. Formalmente, la medida responde a la transición administrativa derivada de esa decisión; en términos prácticos, implica una pausa de 60 días que mejora el flujo de caja de los hogares en un escenario de encarecimiento del crédito y retracción del financiamiento privado.

No obstante, el diferimiento no supone condonación de deuda: las cuotas se prorrogan y la obligación de pago continúa vigente. El impacto inmediato es descomprimir la carga mensual en un mercado donde la mora familiar alcanzó máximos históricos. A diferencia del segmento corporativo, cuya mora cerró en 2,5%, el deterioro se concentra en el consumo y el financiamiento minorista, lo que posiciona a programas públicos como herramientas de carácter contracíclico.

El desafío para la administración provincial será absorber el programa sin desordenar la cartera y evitar que la pausa excepcional derive en un incremento estructural de la morosidad dentro del esquema. En una economía donde el crédito al sector privado representa el 43,9% del activo bancario y la mora familiar marca niveles récord, la decisión combina un fundamento técnico con una fuerte lectura social, orientada a contener el impacto de la crisis de ingresos.

Docentes bonaerenses ratificaron el paro del 2 de marzo

En paralelo, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) confirmó su adhesión al paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) para el 2 de marzo, lo que podría afectar el inicio del ciclo lectivo 2026 en la provincia.

La medida se inscribe en un conflicto salarial que atraviesa al sector docente y que, hasta el momento, no muestra avances en la negociación paritaria. También se sumarán la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Sadop, la Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires (Udocba) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), en el marco del Frente de Unidad Docente Bonaerense, alineado con la protesta resuelta en un congreso extraordinario de CTERA.

La FEB fue el primer gremio en rechazar formalmente la propuesta salarial del Gobierno provincial, que contemplaba un incremento del 3%, al considerarla insuficiente frente a la inflación y la pérdida acumulada del poder adquisitivo.

Bajo la consigna “No al ajuste educativo”, los sindicatos reclamaron la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), mayor presupuesto para el área, la convocatoria urgente a la paritaria nacional y la devolución de fondos que, según señalaron, la Nación adeuda a la Provincia. Asimismo, exigieron el cese de la sobrecarga laboral.