La Justicia bonaerense suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil

La Justicia bonaerense suspendió preventivamente durante 60 días la aplicación de la Ley 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil, en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. La medida se conoció apenas dos días después de la entrada en vigencia de la normativa nacional.

La decisión fue adoptada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en favor de adolescentes privados de su libertad.

El principal eje de la resolución está relacionado con la capacidad del sistema bonaerense para afrontar un eventual incremento de adolescentes alcanzados por procesos penales y medidas de encierro. La nueva legislación redujo de 16 a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal.

Preocupación por la capacidad de los centros de detención

Para fundamentar la suspensión, Pascual tuvo en cuenta la situación de los dispositivos bonaerenses destinados al alojamiento de adolescentes y advirtió que las dificultades existentes podrían agravarse ante un eventual aumento de la población privada de su libertad.

La magistrada recordó que su juzgado había establecido un límite de 60 adolescentes para el Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas de Zamora, luego de detectar que las condiciones de alojamiento no cumplían con los estándares mínimos.

Si bien la resolución reconoció mejoras recientes en materia de infraestructura, alimentación y provisión de agua potable, también señaló que persisten dificultades vinculadas con el acceso a la educación, la formación profesional, la inserción laboral y los períodos de aislamiento.

Según el criterio planteado en el fallo, la Justicia debe actuar de manera anticipada cuando existen elementos que permiten prever una posible vulneración de derechos fundamentales. En ese sentido, la suspensión se apoyó en un principio precautorio ante el eventual incremento de adolescentes alojados en instituciones provinciales.

Qué medidas deberá adoptar la Provincia

La jueza ordenó al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la suspensión de la Ley 27.801 en territorio bonaerense.

Además, convocó a una audiencia para el 16 de septiembre a las 10, en la sede del tribunal. En esa instancia, las autoridades provinciales vinculadas con la aplicación del nuevo régimen deberán informar qué medidas adoptaron, cuáles proyectan implementar y qué plazos estiman necesarios para adecuar el sistema.

La suspensión tiene carácter preventivo y una duración inicial de 60 días. Durante ese período deberá analizarse si la Provincia cuenta con la infraestructura, los recursos materiales y los equipos profesionales necesarios para aplicar la nueva normativa sin profundizar las condiciones de detención existentes.

Los principales cambios del nuevo Régimen Penal Juvenil

La Ley 27.801 incorporó al sistema penal a los adolescentes de 14 y 15 años y estableció la prohibición de prisión perpetua para quienes fueran menores de edad al momento de cometer un delito.

La normativa fijó, además, un máximo de 15 años de privación de la libertad y determinó que las condenas deberán cumplirse en centros especializados, sin contacto con personas detenidas adultas.

El nuevo esquema también contempla medidas alternativas a la privación de la libertad, entre ellas tareas comunitarias, reparación del daño, restricciones de acercamiento y monitoreo electrónico.

La reglamentación nacional designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación y estableció instancias de coordinación entre el Estado nacional y las provincias mediante el Decreto 875/2026.