La Justicia ordenó al Gobierno garantizar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos

El Juzgado Federal N°1 de La Plata dictó una medida cautelar para que el Gobierno de Javier Milei garantice de manera inmediata el normal funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), organismo clave para la restitución de identidades y las investigaciones vinculadas a delitos de lesa humanidad.

El BNDG, creado en 1987, atraviesa una situación crítica por falta de presupuesto. La decisión judicial se produjo luego de una presentación realizada por el Ministerio Público Fiscal, que advirtió sobre la crisis presupuestaria y administrativa que afecta al organismo y que podría derivar en la paralización de servicios esenciales.

Entre los principales problemas señalados aparecen dificultades para sostener tareas de limpieza, seguridad, mantenimiento edilicio y preservación de muestras biológicas, aspectos considerados fundamentales para garantizar la cadena de custodia y la validez de las pericias genéticas.

De acuerdo con documentación oficial del organismo, el presupuesto aprobado para 2026 cubre apenas el 55,96% de los recursos solicitados, situación que encendió alarmas sobre el funcionamiento del banco genético y la conservación del Archivo Nacional de Datos Genéticos.

La resolución fue firmada por el juez federal Ernesto Kreplak, quien ordenó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al ministro de Justicia adoptar medidas urgentes y disponer los recursos necesarios para asegurar la operatividad del organismo.

Además, la Justicia requirió informes sobre el interés público comprometido y sobre la responsabilidad estatal ante un eventual incumplimiento que pudiera afectar el funcionamiento del banco.

En paralelo, la organización Abuelas de Plaza de Mayo se presentó como querellante para reforzar la urgencia de la medida judicial. Desde la entidad advirtieron que cualquier interrupción del funcionamiento del BNDG podría afectar pruebas irreemplazables y comprometer las obligaciones internacionales asumidas por Argentina en materia de verdad, identidad y justicia.

La resolución judicial busca evitar la paralización de un organismo que, desde hace casi cuatro décadas, cumple un rol central en la búsqueda de personas apropiadas durante la última dictadura militar y en los procesos de reparación vinculados al terrorismo de Estado.