La UBA realizará una jornada para reclamar por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

La Universidad de Buenos Aires (UBA) llevará adelante este martes una jornada de visibilización en Plaza de Mayo para reclamar por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.

La actividad se desarrollará frente al Ministerio de Economía desde las 8 y hasta la medianoche, con una propuesta que incluirá servicios gratuitos para la comunidad, clases abiertas y distintas iniciativas académicas y científicas.

Durante la jornada se brindará atención sin costo en especialidades como odontología, óptica, veterinaria y clínica médica. Además, habrá asesoramiento jurídico y contable, junto con espacios de orientación psicológica.

A su vez, los 13 decanos de las facultades de la UBA ofrecerán clases magistrales abiertas al público. También se exhibirán proyectos de investigación y desarrollo científico-tecnológico, entre ellos un auto de competición diseñado y construido por estudiantes y docentes.

La iniciativa tiene como objetivo mostrar el impacto concreto que el sistema universitario público tiene en áreas como la salud, la investigación y la formación profesional. Mientras se lleve adelante la actividad en Plaza de Mayo, las distintas facultades mantendrán el normal desarrollo de sus clases.

El conflicto judicial por la Ley de Financiamiento Universitario

La Ley 27.795 fue sancionada en 2025, luego de que el Congreso rechazara el veto del Poder Ejecutivo. Posteriormente, el Gobierno promulgó la norma mediante el Decreto 759/2025, aunque suspendió su aplicación hasta tanto se determinaran las fuentes de financiamiento correspondientes.

Ante esta situación, las universidades cuestionaron la decisión y recurrieron a la Justicia.

En diciembre de 2025, el juez federal Martín Cormick hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y ordenó al Poder Ejecutivo aplicar la ley, incluyendo la actualización de salarios y becas.

El Gobierno apeló esa resolución, aunque distintas instancias judiciales ratificaron posteriormente la medida.

El 25 de junio de 2026, la Corte Suprema desestimó el recurso extraordinario presentado por el Estado y dejó firme la medida cautelar. La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Sin embargo, el conflicto continuó. El 1° de septiembre, Martín Cormick dictó una nueva medida cautelar en una causa iniciada por la UBA y ordenó al Poder Ejecutivo ejecutar “de forma inmediata” las partidas previstas por la ley destinadas a gastos de funcionamiento, salarios, becas e investigación.

Según señaló el magistrado en su resolución, el impacto fiscal de esas disposiciones representa el 0,23 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI).