Milei anunció un refuerzo para Defensa y nuevas sanciones contra empresas por la explotación de recursos en Malvinas

Tras una cadena nacional en la que ratificó el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, el presidente Javier Milei puso en marcha un paquete de medidas a través de dos decretos publicados en el Boletín Oficial. Las disposiciones contemplan un refuerzo presupuestario para el área de Defensa y nuevas herramientas para sancionar a empresas vinculadas con la explotación de recursos en el archipiélago.

La iniciativa busca frenar el avance de proyectos petroleros en la Cuenca Malvina Norte, entre ellos el denominado Sea Lion, y fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur.

Refuerzo presupuestario para el Ministerio de Defensa

Tal como había anticipado el jefe de Estado durante su discurso, mediante el DNU 867/2026, el Poder Ejecutivo modificó el presupuesto para reasignar partidas destinadas al Ministerio de Defensa.

El objetivo es otorgar recursos inmediatos a las Fuerzas Armadas para garantizar tareas de control y la prestación de servicios esenciales en el territorio y la plataforma continental argentina, dentro de una estrategia de largo plazo.

Desde el Gobierno señalaron que, de no concretarse de manera inmediata la adecuación presupuestaria, podría verse afectada la prestación de determinados servicios esenciales que se encuentran bajo responsabilidad del Estado Nacional.

En ese marco, Javier Milei sostuvo que el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender la soberanía y los recursos nacionales.

Cancillería podrá aplicar sanciones a empresas

Por otra parte, el Decreto 868/2026 designó al Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Pablo Quirno, como autoridad de aplicación de la Ley 26.659.

La normativa establece que todos los organismos públicos deberán informar, dentro de un plazo de cinco días hábiles, cualquier actividad petrolera no autorizada que se detecte en el área del archipiélago.

A partir de esta disposición, la Cancillería podrá iniciar sumarios administrativos contra las empresas que incumplan la legislación, con plazos establecidos para presentar descargos y emitir resoluciones. En caso de existir indicios suficientes, la autoridad de aplicación deberá notificar al presunto infractor y el procedimiento administrativo tendrá una duración aproximada de 20 días.

Además, se exigirán declaraciones juradas inhibitorias previstas por la Ley 26.659 para acceder a beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y a concesiones contempladas en la Ley de Hidrocarburos.

Las declaraciones deberán establecer que ni las empresas ni sus participantes directos o indirectos incurren ni incurrirán en las conductas prohibidas por la legislación vigente.

Durante la cadena nacional, Javier Milei advirtió que el avance de la explotación petrolera podría generar incentivos para que el Reino Unido profundice la ocupación de las islas y continúe con la explotación de los recursos argentinos.

Nuevas medidas de seguridad y presencia marítima

Además de los decretos, el Presidente anunció que enviará al Congreso un paquete legislativo destinado a crear un Consejo de Seguridad Nacional y establecer un marco de protección aeroespacial y marítima.

El proyecto también contempla la construcción de una Base Naval Integrada en Ushuaia, con el objetivo de reforzar la presencia argentina en la región subantártica.

Javier Milei sostuvo que la seguridad nacional no se limita a la defensa física del territorio, sino que también comprende la protección de los recursos estratégicos, la economía, la infraestructura crítica y la capacidad del país para decidir sobre su futuro.