Milei convocó a sesiones extraordinarias del 10 al 30 de diciembre para impulsar reformas clave

Con una señal política destinada a marcar el cierre de año, el presidente Javier Milei resolvió convocar a un nuevo período de sesiones extraordinarias del Congreso, que se desarrollará entre el 10 y el 30 de diciembre, con una agenda centrada en reformas estructurales. El objetivo del Gobierno es acelerar el tratamiento de proyectos considerados centrales para su plan económico e institucional.

La decisión fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien adelantó que el decreto se publicará en los próximos días. El temario incluirá iniciativas fiscales, laborales, penales y ambientales, además del proyecto de Presupuesto 2026, que la Casa Rosada considera el eje de su estrategia económica para el próximo año.

La convocatoria estará acompañada por un paquete de seis proyectos prioritarios. Entre ellos se destaca el Presupuesto General 2026, orientado a consolidar el equilibrio fiscal, con partidas específicas para áreas sociales y un refuerzo en seguridad y defensa. Este punto será el más sensible de la negociación, ya que los gobernadores comenzaron a plantear demandas ante el presidente Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Otro eje clave será la Ley de Inocencia Fiscal, destinada a incentivar la incorporación al circuito formal de fondos no declarados. El Gobierno busca así movilizar los llamados “dólares del colchón” y dar mayor dinamismo a la economía real. La iniciativa, que ya había sido enviada al Congreso sin tratamiento, volverá ahora al centro del debate.

También figura el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, una propuesta orientada a establecer una “regla de oro” para las cuentas públicas, evitando aumentos de gasto sin financiamiento.

En materia laboral, el Ejecutivo impulsará la Ley de Modernización Laboral, que propone modificaciones profundas a la Ley de Contrato de Trabajo, límites a la ultraactividad de los convenios, prioridad a los acuerdos por empresa y cambios en los criterios indemnizatorios. El Gobierno sostiene que estas reformas buscan reducir la litigiosidad y simplificar el marco regulatorio.

En paralelo, se activará una reforma integral del Código Penal, con más de 900 artículos, que contempla un endurecimiento de penas para delitos graves como homicidios, narcotráfico, trata de personas, pornografía infantil y robos agravados. El proyecto prevé que, en la gran mayoría de los delitos, las penas sean de cumplimiento efectivo y busca acelerar los procesos mediante un sistema acusatorio más ágil.

El paquete se completará con la actualización de la Ley de Glaciares, que apunta a redefinir los criterios para habilitar actividades económicas en zonas periglaciares y otorgar mayor poder de decisión a las provincias, con potencial impacto en la actividad minera. También se prevén cambios en las leyes de Promoción Minera y de Tierras.

El oficialismo afrontará el desafío de negociar en un Congreso donde no cuenta con mayorías propias. Los principales articuladores políticos serán el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, con la coordinación del ministro del Interior, Diego Santilli. Según fuentes oficiales, ya comenzaron los contactos con los gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo.

La prioridad legislativa de diciembre será el Presupuesto y la reforma penal, mientras que las reformas laboral, tributaria y ambiental podrían extenderse hasta las sesiones extraordinarias previstas para enero y febrero.

Con esta agenda, el Gobierno busca enviar señales claras a los mercados, a los organismos internacionales y a sus aliados políticos. El resultado final dependerá del nivel de consenso que logre construir en el Congreso.