Milei profundiza el ajuste a las pensiones

El gobierno de Javier Milei está decidido a profundizar el ajuste y volvió a elegir a las personas con discapacidad. Para conseguirlo, envió este lunes al Congreso un proyecto de ley que modifica las leyes vinculadas a la discapacidad: entre otras medidas, el texto obliga a todos los beneficiarios de pensiones por invalidez a reempadronarse. Si bien la iniciativa propone modificar la ley de emergencia en discapacidad, el Poder Ejecutivo todavía no aplicó el texto que aprobaron los diputados y senadores el año pasado.

El proyecto enviado por el Gobierno se enmarca, según el propio texto oficial, en una “ley contra el fraude de pensiones por invalidez” y pone el foco en el control y la revisión de las pensiones otorgadas en las últimas décadas. En los fundamentos, el Ejecutivo sostiene que hubo un crecimiento “exponencial” de estas prestaciones, que pasaron de 76.000 en 2003 a cerca de 1.200.000 en 2023.

El proyecto enviado por el Gobierno se enmarca, según el propio texto oficial, en una “ley contra el fraude de pensiones por invalidez” y pone el foco en el control y la revisión de las pensiones otorgadas en las últimas décadas. En los fundamentos, el Ejecutivo sostiene que hubo un crecimiento “exponencial” de estas prestaciones, que pasaron de 76.000 en 2003 a cerca de 1.200.000 en 2023.

Reempadronamiento obligatorio: qué cambia para las pensiones por discapacidad

Uno de los puntos centrales del proyecto es el reempadronamiento obligatorio de todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez. La medida establece que los beneficiarios deberán actualizar sus datos personales, médicos y socioeconómicos en un plazo que no podrá ser menor a 90 días, con una posible prórroga de 30 días.

El incumplimiento de este requisito habilita al Estado a suspender de manera automática el cobro del beneficio. Si la persona no regulariza su situación dentro de los 60 días posteriores a la suspensión, el Poder Ejecutivo podrá avanzar directamente con la baja definitiva de la pensión, mediante un acto administrativo.