Paritarias bonaerenses: Provincia retoma la negociación salarial con docentes y estatales

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires volverá este jueves a la mesa de negociaciones paritarias con los gremios que representan a docentes y trabajadores estatales bonaerenses para avanzar en una nueva recomposición salarial. La jornada coincidirá con la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo por parte del INDEC, un dato clave para definir una eventual propuesta oficial.

Las reuniones se desarrollarán en la ciudad de La Plata y estarán encabezadas por funcionarios de la administración de Axel Kicillof. Participarán los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y los representantes de los trabajadores comprendidos en la Ley 10.430, entre ellos la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

De acuerdo con lo informado por las organizaciones gremiales, el encuentro con los docentes está previsto para las 14 horas, mientras que la reunión con los sindicatos estatales se llevará a cabo a partir de las 16.

Las negociaciones se reanudan luego de la mesa de monitoreo realizada a fines de mayo, instancia contemplada en el último acuerdo salarial firmado entre las partes. En aquella oportunidad, el Ejecutivo provincial no presentó una oferta concreta de aumento, aunque expuso el panorama económico y financiero de la administración bonaerense.

La expectativa está puesta en el resultado de estas reuniones, que marcarán el inicio formal de una nueva etapa de discusión salarial para docentes y estatales. Con el cronograma administrativo avanzando hacia la liquidación de los haberes de junio, el objetivo será alcanzar definiciones en el corto plazo para que cualquier mejora acordada pueda impactar también en el medio aguinaldo.

Desde el Ejecutivo analizan la posibilidad de presentar una propuesta con una vigencia superior a la de los últimos acuerdos, extendiendo el entendimiento entre tres y cuatro meses. Sin embargo, los sindicatos ya adelantaron que cualquier oferta deberá incluir una recuperación real del poder adquisitivo y no limitarse únicamente a acompañar la inflación mensual.

El antecedente del último acuerdo salarial

El último entendimiento paritario fue alcanzado en marzo e incluyó una recomposición del 9% distribuida en tres tramos. Desde entonces, los gremios sostienen que la evolución de los precios provocó una pérdida del poder de compra de los salarios que debe ser compensada en esta nueva negociación.

La decisión de convocar a los sindicatos el mismo día en que se conocerá la inflación de mayo responde a la intención del Gobierno bonaerense de utilizar ese indicador como referencia para definir los porcentajes de incremento y evaluar el margen fiscal disponible para afrontar nuevas mejoras salariales.

Entre los principales reclamos gremiales figura la necesidad de recomponer los ingresos frente al avance de la inflación. Desde ATE anticiparon que impulsarán una actualización que permita recuperar lo perdido en los últimos meses y solicitarán además un aumento de emergencia destinado a los trabajadores con menores ingresos.

La agenda sindical también incluye otros planteos vinculados a las condiciones laborales, como los pases a planta permanente, la continuidad de los procesos de regularización laboral, la derogación de la Resolución 293, la discusión de un nuevo convenio colectivo de trabajo y la eliminación de modalidades de contratación que los gremios consideran precarias.

Desde la gestión de Axel Kicillof remarcan que la discusión salarial se desarrolla en un contexto complejo para las cuentas públicas provinciales. Funcionarios bonaerenses sostienen que la Provincia sufrió una fuerte pérdida de recursos producto de los recortes de fondos nacionales y de la disminución de transferencias provenientes del gobierno de Javier Milei.

En ese marco, el Ejecutivo provincial estima que los recursos afectados por distintas medidas nacionales representan una pérdida cercana a los 24,6 billones de pesos. A ello se suma la disputa judicial que mantiene con la Nación por el ajuste en las transferencias previsionales y otros fondos que considera adeudados.