Promulgan el nuevo Régimen Penal Juvenil: baja la edad de imputabilidad a 14 años y prioriza la reinserción social

El Gobierno nacional promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil, una normativa que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años y que combina sanciones judiciales con medidas educativas y de reinserción social para los adolescentes que cometan delitos. La ley entrará en plena vigencia dentro de 180 días.

La norma fue publicada este lunes en el Boletín Oficial bajo el número 27.801 y lleva las firmas de la titular del Senado, Victoria Villarruel; del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y de los secretarios parlamentarios de ambas cámaras, Agustín Giustinian y Adrián Pagán.

Las claves del nuevo Régimen Penal Juvenil

La legislación fija que los adolescentes serán penalmente responsables a partir de los 14 años cuando estén acusados de delitos contemplados en el Código Penal o en leyes penales especiales.

Además, deroga el régimen vigente desde 1980 (ley 22.278), que regulaba la responsabilidad penal de menores desde la última dictadura militar, y establece un sistema actualizado de justicia juvenil.

El texto también determina un plazo de 180 días para que el sistema judicial y los organismos involucrados adapten sus estructuras antes de la implementación plena del nuevo esquema.

Uno de los ejes centrales de la normativa es que las sanciones estén orientadas a la educación y reinserción social de los adolescentes, con el objetivo de que comprendan el delito cometido y disminuir el riesgo de reincidencia.

En ese sentido, se contempla un amplio abanico de sanciones alternativas a la prisión, entre ellas servicios comunitarios, programas educativos, capacitación laboral, tratamientos médicos o psicológicos, monitoreo electrónico, prohibiciones de acercamiento a la víctima y restricciones para asistir a determinados lugares.

La prisión, como medida excepcional

El nuevo régimen establece que la privación de la libertad será una medida de última instancia. En caso de aplicarse, podrá cumplirse en el domicilio del adolescente, en institutos abiertos o en centros especializados.

Asimismo, la ley prohíbe aplicar penas de prisión perpetua o reclusión perpetua a menores y fija un máximo de 15 años de privación de libertad.

Mediación y probation

La normativa incorpora además la mediación penal juvenil, un mecanismo voluntario y confidencial que permite resolver determinados conflictos mediante acuerdos entre la víctima y el adolescente imputado.

También habilita la suspensión del proceso a prueba (probation) para delitos de menor gravedad, lo que permite interrumpir el proceso judicial si el joven cumple condiciones como reparar el daño ocasionado o realizar tareas comunitarias.

Protección de los adolescentes

Otro de los puntos destacados es la protección de la identidad de los menores involucrados en procesos penales, ya que la ley refuerza la reserva del proceso y prohíbe difundir datos que permitan identificarlos.

A su vez, se establece que los adolescentes detenidos no podrán ser alojados junto a personas adultas y que los centros de detención deberán contar con personal capacitado para el tratamiento de jóvenes en conflicto con la ley penal.

Finalmente, la normativa invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adecuar sus legislaciones al nuevo sistema y dispone que el Poder Ejecutivo nacional supervise su implementación en coordinación con las distintas jurisdicciones del país.