Proponen regular por ley la transición entre gobiernos bonaerenses de cara a 2027

El diputado Ricardo Lissalde presentó un proyecto de ley para establecer un marco normativo que regule el proceso de transición entre gobiernos en la provincia de Buenos Aires, con vistas a las elecciones de 2027, cuando Axel Kicillof finalizará su segundo mandato consecutivo y no podrá ser reelecto.

La iniciativa busca fijar reglas claras para el traspaso de mando y evitar conflictos vinculados al acceso a la información entre las gestiones salientes y entrantes. En los fundamentos, el legislador advierte que históricamente estos procesos se llevaron adelante “por uso y costumbre”, sin una regulación específica, lo que derivó en resultados desiguales según el nivel de diálogo político.

El proyecto define a la transición como el período que comienza con la proclamación de las autoridades electas y se extiende hasta su asunción. En ese marco, propone la creación de dos espacios de trabajo: un Consejo de Transición Saliente, integrado por funcionarios del Ejecutivo, y un Consejo de Transición Entrante, designado por el gobernador electo. Ambos organismos deberán coordinar la entrega de información y elaborar un informe final sobre el estado de la administración.

“Esto no puede quedar librado al azar ni a la buena voluntad de los gobernantes salientes”, plantea Ricardo Lissalde, quien subraya la necesidad de evitar discrecionalidades en un proceso clave para la continuidad institucional.

Informes obligatorios y acceso a la información

La propuesta establece que los informes de gestión tendrán carácter de declaración jurada e incluirán datos presupuestarios, financieros, nivel de endeudamiento, contratos vigentes, situación del personal y estado de concesiones, entre otros aspectos relevantes.

Además, remarca la importancia de garantizar el acceso a la información por parte de las nuevas autoridades. En ese sentido, Ricardo Lissalde advierte que restringir esos datos “perjudica notoriamente la gestión” entrante.

El proyecto también fija obligaciones para los funcionarios en ejercicio, quienes deberán abstenerse de realizar acciones que dificulten el traspaso de mando. Durante ese período, señala el texto, debe primar la cooperación del gobierno saliente y no conductas arbitrarias como negar, ocultar o tergiversar información.

Plazos, publicación y sanciones

En cuanto a los tiempos, el Consejo de Transición Saliente deberá presentar informes detallados de cada área con al menos 30 días de anticipación al final del mandato. Por su parte, el equipo entrante podrá solicitar información adicional y tendrá a su cargo la elaboración del Informe Final de Transición.

Ese documento deberá publicarse dentro de los 30 días hábiles posteriores a la asunción de las nuevas autoridades, con el objetivo de transparentar el estado en que se recibe la administración provincial.

Por último, la iniciativa contempla sanciones en caso de incumplimiento. La falta de colaboración en el proceso será considerada como incumplimiento de los deberes de funcionario público, sin descartar posibles responsabilidades administrativas o penales.

Con este proyecto, Ricardo Lissalde apunta a institucionalizar el proceso de transición y evitar tensiones políticas, promoviendo un esquema basado en la previsibilidad, la transparencia y la cooperación entre gestiones.