Domingo 11 de Enero de 2026

Ramallo

Grave imputación

Detuvieron a un sujeto por presunta comercialización de pornografía infantil

9 de Enero de 2026

Un grave hecho judicial conmociona por estas horas a la comunidad de Ramallo. Un joven de unos 25 años fue aprehendido en una vivienda de calle Córdoba al 400, en el marco de una investigación por producción y distribución de pornografía infantil, uno de los delitos más aberrantes tipificados por el Código Penal argentino.

La causa fue caratulada como “Producción, comercialización de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales” y se encuentra en manos de la UFI N°15 del Departamento Judicial San Nicolás. Tras el procedimiento, el joven fue trasladado a prestar declaración ante la fiscalía interviniente y posteriormente regresó a su domicilio para continuar cumpliendo la detención domiciliaria, aunque desde el ámbito judicial se evalúa la inminente revocación de ese beneficio.

El procedimiento permitió el secuestro de una CPU con disco rígido, que sería el principal elemento probatorio en la causa. De acuerdo con la investigación, el equipo informático habría sido utilizado para descargar, almacenar y distribuir material pornográfico que involucraría a menores de edad. El acusado es oriundo de la ciudad de San Nicolás y se encontraba residiendo en Ramallo debido a que cumple prisión domiciliaria por una condena anterior vinculada a la comercialización de estupefacientes.

Fuentes extraoficiales indicaron que la computadora incautada contenía material sensible que habría sido utilizado no sólo para consumo personal sino también para su posible comercialización. Según trascendió, el contenido no habría sido producido directamente por el acusado, sino descargado de distintos sitios y luego redistribuido, lo que igualmente lo coloca dentro de una figura penal gravísima, con penas de cumplimiento efectivo.

El hecho de que el imputado ya se encontrara bajo prisión domiciliaria por una condena anterior agrava aún más la situación procesal. La Justicia analiza ahora la revocación de ese beneficio y su traslado a una unidad penitenciaria, considerando el riesgo procesal y la gravedad de la nueva imputación.

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