Régimen Penal Juvenil: Alonso respaldó la suspensión y cuestionó al Gobierno nacional por la falta de recursos

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, respaldó la decisión de la Justicia bonaerense de suspender preventivamente la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil y cuestionó al Gobierno nacional por reclamar explicaciones al gobernador Axel Kicillof por una medida que fue adoptada por el Poder Judicial.

La resolución que frenó la implementación del nuevo régimen durante 60 días fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora. La decisión volvió a generar tensión entre la administración bonaerense y el Gobierno nacional, con cruces públicos a través de las redes sociales.

Luego del fallo, el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, cuestionó el silencio de Kicillof frente a la suspensión y sostuvo que, una vez más, el gobernador se ubicaba “del lado del delincuente, nunca de la víctima”.

Alonso respondió a esos cuestionamientos y señaló que la suspensión no fue una decisión del Poder Ejecutivo provincial. “¿Por qué le reclama al Ejecutivo una decisión que corresponde al Poder Judicial? ¿No estamos en una República acaso?”, planteó. Luego agregó: “O será que mostrar indignación por redes sociales es lo único que saben hacer por los argentinos”.

A través de una publicación en X, el ministro bonaerense también respaldó los fundamentos de la magistrada y sostuvo que “bajar la edad de imputabilidad no alcanza”. Según explicó, sin estructura, recursos e inversión, la reforma representa apenas una modificación normativa sin las condiciones necesarias para su aplicación efectiva.

En ese sentido, Alonso reclamó al Gobierno nacional el envío de fondos que, según sostuvo, le corresponden a la provincia de Buenos Aires. “¿No hacen falta nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de reclusión, infraestructura y personal para aplicar una reforma de esta magnitud?”, preguntó.

El funcionario también cuestionó la falta de recursos para afrontar esos cambios y planteó: “¿Dónde están los fondos que Milei les niega a los bonaerenses para hacerlo posible?”.

Qué estableció el fallo que suspendió el nuevo Régimen Penal Juvenil

La Justicia bonaerense dispuso suspender preventivamente durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en todo el territorio provincial. La medida se tomó ante la falta de condiciones mínimas para alojar a una mayor cantidad de adolescentes dentro del sistema de responsabilidad penal.

La resolución fue dictada por Pascual en el marco de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en favor de adolescentes privados de su libertad.

Además de suspender temporalmente la aplicación de la normativa, la jueza convocó a una audiencia multipropósito y ordenó a las autoridades bonaerenses informar qué medidas fueron adoptadas, cuáles se encuentran previstas y cuáles son los plazos establecidos para llevarlas adelante.

De esta manera, durante los próximos 60 días, el debate no estará concentrado únicamente en el contenido de la reforma, sino también en las condiciones concretas con las que cuenta el Estado bonaerense para implementarla.

Para fundamentar su decisión, la magistrada señaló tres modificaciones introducidas por la nueva legislación que podrían generar un aumento en la cantidad de adolescentes alcanzados por el sistema penal.

La primera consiste en la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al régimen de responsabilidad penal. La segunda contempla la inclusión de determinados delitos que anteriormente quedaban fuera del régimen de punibilidad debido a que tenían penas inferiores a dos años. La tercera modificación está vinculada con la aplicación de la escala penal prevista en el Código Penal.

Según el análisis realizado en la resolución, la combinación de estos cambios podría provocar un incremento tanto en la cantidad de adolescentes que ingresen al sistema como en el tiempo de permanencia de quienes sean privados de su libertad.

Por ese motivo, uno de los principales interrogantes planteados por la jueza fue si el Estado puede ampliar el universo de adolescentes sometidos al sistema de responsabilidad penal sin crear previamente las condiciones materiales, institucionales y profesionales necesarias para garantizar su funcionamiento.