Universidades y Gobierno acordaron una suba salarial del 24% para docentes, pero sigue la disputa por el financiamiento

Tras el encuentro realizado la semana pasada, el Gobierno nacional y las universidades públicas avanzaron hacia la firma de un acuerdo que contempla un incremento salarial del 24% para los docentes universitarios, luego de varias semanas de negociaciones. Del entendimiento participarán representantes del Poder Ejecutivo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios del sector. Sin embargo, las casas de estudio adelantaron que mantendrán la demanda judicial para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La propuesta acordada prevé una recomposición salarial del 21,33% para junio y un aumento adicional del 3% en octubre. Asimismo, las partes acordaron retomar las negociaciones paritarias cada tres meses con el objetivo de seguir la evolución de la inflación y revisar la situación de los salarios durante el resto de 2026.

El entendimiento también incluye una partida extraordinaria de $50.000 millones destinada a los hospitales universitarios, fondos que no estaban contemplados en el presupuesto vigente. Ese monto se sumará a los $80.000 millones ya asignados para esos establecimientos, cuya distribución venía siendo reclamada por rectores y autoridades académicas.

Además, la propuesta del Gobierno incorpora una actualización del 20% para los gastos de funcionamiento de las universidades y un incremento del 50% en las becas Manuel Belgrano, que permanecían congeladas en $81.685 desde 2024. De acuerdo con fuentes vinculadas a las negociaciones, el Ministerio de Economía habría autorizado una partida de $800.000 millones para el sistema universitario, recursos que permitirían afrontar los compromisos incluidos en el acuerdo.

Uno de los principales puntos de conflicto durante las conversaciones fue el pedido del Gobierno para que el CIN desistiera de la demanda judicial relacionada con la Ley de Financiamiento Universitario. No obstante, los rectores rechazaron esa posibilidad y ratificaron su decisión de continuar con el reclamo en los tribunales.

“Nos mantuvimos firmes en esa postura”, señalaron desde el sector universitario, que propuso como alternativa informar a la Justicia que las partes se encuentran avanzando en un acuerdo, aunque sin renunciar al reclamo por el cumplimiento de la norma sancionada y ratificada por el Congreso. “No estamos dispuestos a renunciar a la ley”, remarcaron.

Las negociaciones fueron encabezadas por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en representación del Gobierno nacional. Por parte del CIN participaron su presidente, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, y el vicepresidente Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro.

Los rectores valoraron la apertura al diálogo por parte del Ejecutivo, aunque insistieron en mantener las herramientas institucionales impulsadas durante el conflicto. “No hay margen para eso. Valoramos la buena voluntad, pero necesitamos un resguardo. Habrá que seguir conversando. Lo importante es mantener abiertos los canales de diálogo sin renunciar a las herramientas institucionales que nos llevaron hasta aquí”, expresaron.

La demanda judicial presentada por las universidades había obtenido una medida cautelar favorable, ratificada en dos oportunidades. Sin embargo, luego de que el Ejecutivo presentara un recurso federal extraordinario, la cautelar quedó suspendida y ahora será la Corte Suprema la encargada de resolver la cuestión, sin un plazo definido para pronunciarse.

Mientras continúan las negociaciones, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales realizaron una clase pública frente a la Corte Suprema para reclamar una resolución favorable. El presidente de la FUA, Joaquín Carvalho, sostuvo: “Esperamos que fallen a favor de las universidades y del derecho a la educación de millones de argentinos”.

El acuerdo salarial llega después de varios meses de protestas, clases públicas y la realización de la cuarta Marcha Federal Universitaria, una serie de acciones con las que docentes, estudiantes y autoridades reclamaron mayores recursos para el sistema de educación superior.