ATE marcha a la Superintendencia de Salud y denuncia irregularidades en la gestión

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará este viernes una movilización hacia la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), tras la difusión de una denuncia contra el gerente del organismo, Mario Gutiérrez, por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica en su declaración jurada.

Desde el gremio señalaron que el funcionario habría incrementado su patrimonio casi 30 veces en un lapso de dos años, en contraste con la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales. En ese marco, el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó el accionar de las autoridades del organismo y advirtió sobre un crecimiento de prácticas irregulares en el ámbito estatal.

La protesta está prevista para este viernes 27 de marzo a las 12:00 frente a la sede ubicada en Bartolomé Mitre 434. Además, el sindicato brindará una conferencia de prensa en el lugar para exigir explicaciones sobre las denuncias, que también fueron presentadas ante la Justicia federal y la Oficina Anticorrupción.

Según expresó Aguiar, el gremio considera que existe un intento de vaciamiento del organismo, lo que —según advirtió— impacta directamente en la capacidad del Estado para garantizar servicios esenciales de salud, especialmente para los sectores más vulnerables.

En esa línea, ATE cuestionó la política de control sobre obras sociales, al señalar que se focaliza en las más pequeñas mientras se omitirían incumplimientos por parte de empresas de medicina prepaga. También denunciaron la habilitación de cobros irregulares como coseguros o aranceles adicionales.

El dirigente gremial sostuvo que el funcionamiento histórico del organismo se apoyó en el trabajo de su personal, y advirtió que no permitirán su desmantelamiento. Asimismo, acusó a las autoridades de favorecer intereses privados vinculados al negocio de la salud.

Entre los puntos señalados en la denuncia, ATE indicó que el funcionario investigado figura como deudor en el sistema financiero y que no podría justificar gastos significativos con tarjeta de crédito. A esto se suman advertencias sobre posibles despidos y una supuesta paralización de expedientes, lo que generaría demoras en la atención de usuarios con necesidades urgentes.

El sindicato también denunció una aplicación discrecional de sanciones dentro del organismo, evitando penalizar a grandes empresas del sector y actuando con mayor rigor sobre entidades más pequeñas.

Además, cuestionaron la implementación de un sistema de mediación prejudicial denominado PROMESA, al considerar que trasladaría costos a los usuarios y promovería la judicialización de los conflictos.

Por último, ATE incluyó en sus reclamos la situación de la obra social Unión Personal, a la que acusó de aplicar coseguros diferenciados a trabajadores no afiliados a UPCN y de cobrar adicionales en intervenciones quirúrgicas, prácticas que —según el gremio— contravienen la normativa vigente.