El Gobierno impulsa la “Ley Hojarasca” para derogar 70 normas y simplificar el sistema legal

El Poder Ejecutivo remitió este jueves al Congreso el proyecto de la denominada “Ley Hojarasca”, una iniciativa que propone la derogación de 70 normas consideradas obsoletas, superfluas o incompatibles con los principios constitucionales vigentes. La medida es encabezada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, con el objetivo de depurar el entramado jurídico argentino.

El texto oficial plantea la necesidad de “reducir la sobreabundancia normativa que caracteriza al ordenamiento jurídico argentino”. Según los fundamentos, la acumulación de leyes a lo largo de las décadas derivó en un sistema complejo y de difícil aplicación. Desde el Gobierno sostienen que esta situación impacta negativamente en la seguridad jurídica y limita el desarrollo económico.

La propuesta ya había sido presentada en 2024, pero perdió estado parlamentario al finalizar ese período. En esta nueva etapa, el Ejecutivo insiste en que el exceso de regulación constituye una barrera para la actividad económica, y plantea como objetivo central la construcción de un marco normativo más claro, accesible y eficiente.

Entre las leyes que se busca eliminar se incluyen disposiciones llamativas, como la obligatoriedad de tramitar un carnet de mochilero o regulaciones vinculadas a la autorización de la televisión a color. También figuran normas que establecen penas de azotes —prohibidas desde 1853— y otras relacionadas con sorteos de premios en salas de cine. Según el proyecto, este tipo de reglamentaciones restringe libertades de manera innecesaria.

La iniciativa contempla un análisis integral de la normativa vigente desde 1864 hasta la actualidad, aplicando criterios de racionalidad para su depuración. En ese marco, las leyes son agrupadas en seis categorías que justifican su derogación, entre ellas el desfasaje tecnológico o la creación de organismos que ya no cumplen funciones efectivas. El Ejecutivo sostiene que esta revisión permitirá optimizar el funcionamiento institucional.

Asimismo, el proyecto pone especial énfasis en la eliminación de normas que vulneran principios constitucionales o limitan libertades individuales. Como ejemplo, se menciona una disposición que habilita la supervisión estatal de reuniones privadas, considerada abiertamente inconstitucional. El documento advierte que la dispersión y superposición normativa dificulta la gestión pública y genera ineficiencias operativas.