Caminos rurales intransitables complican la cosecha y profundizan la crisis productiva en el sudoeste bonaerense

Productores del sudoeste bonaerense volvieron a advertir que no pueden retirar las cosechas debido al grave deterioro de los caminos rurales, una situación que se agravó tras las intensas lluvias registradas durante mayo, que provocaron el colapso de la infraestructura vial y de los sistemas de drenaje.

Las precipitaciones acumuladas, que en algunos sectores oscilaron entre los 240 y 400 milímetros en pocas semanas y ya rondan los 700 milímetros en lo que va del año, dejaron amplias zonas anegadas y con severas dificultades para la circulación.

El problema afecta especialmente a la región comprendida entre la Ruta Nacional 228, la Ruta Provincial 72 y las localidades de Juan N. Fernández, Orense, San Cayetano y Lobería.

De acuerdo con datos del INTA, en un primer relevamiento se contabilizaron unas 25.700 hectáreas inundadas, aunque la superficie afectada sería mayor, ya que en numerosos establecimientos el agua bajó, pero los productores continúan aislados por la falta de accesos.

Lo que comenzó como una emergencia hídrica terminó convirtiéndose en una crisis productiva. Además de reducir la superficie destinada a la ganadería, las inundaciones interrumpieron las tareas de siembra de soja y maíz. En distintas zonas del oeste y sur bonaerense, los productores debieron suspender las labores por la imposibilidad de ingresar a los lotes o trasladar maquinaria e insumos.

En ese contexto, la productora agropecuaria e integrante de la Comisión de Cuencas, Agustina Balsategui, explicó que la falta de transitabilidad obliga a muchos productores a ingresar a sus campos a través de establecimientos vecinos o utilizando tractores para asistir a las familias, alimentar al ganado y controlar las instalaciones. "Hay gente que directamente está aislada", advirtió.

Sin embargo, el principal inconveniente es la imposibilidad de retirar la producción. La cosecha de soja de segunda y maíz presenta importantes demoras, mientras que gran parte del girasol permanece almacenado en silobolsas porque los camiones no pueden acceder a los establecimientos. A esto se suma la incertidumbre sobre la siembra de trigo y otros cultivos de la campaña fina.

En paralelo, los productores recordaron que en 2025 presentaron una denuncia penal contra el intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, por los presuntos delitos de estrago doloso por inundación, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión impropia con deber de garante, figuras que contemplan penas de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Según los denunciantes, Daniel Stadnik y funcionarios provinciales conocían con anticipación el riesgo de la emergencia hídrica, contaban con la obligación legal y técnica de intervenir, pero no adoptaron las medidas necesarias para prevenir sus consecuencias.

Frente a este escenario, los productores reclaman la declaración de la emergencia hídrica y vial para acelerar las obras, mejorar la transitabilidad y brindar alivio económico a los establecimientos afectados. Además, advierten que la próxima campaña agrícola podría verse seriamente comprometida si no se implementan soluciones de manera urgente.

Reclamos en la Legislatura bonaerense

El año pasado, en medio de las inundaciones que afectaron a gran parte del interior bonaerense, productores rurales de Carlos Casares se presentaron en la Legislatura provincial para exponer la situación ante la Comisión de Asuntos Agrarios del Senado.

Durante el encuentro detallaron el impacto económico y social generado por el mal estado de los caminos rurales y solicitaron mayor transparencia en la administración de la tasa vial, mejores controles sobre los recursos destinados a infraestructura y mecanismos de seguimiento para garantizar la ejecución de las obras.

Asimismo, informaron a los legisladores sobre la denuncia penal presentada contra el intendente Daniel Stadnik, la intendenta de 9 de Julio, María José Gentile, en su condición de autoridades del Comité de Cuenca A3 del río Salado, además de otros funcionarios de la Autoridad del Agua y de la Dirección de Hidráulica bonaerense.

En esa oportunidad, Carolina Donegani, referente de Comunidad Rural Carlos Casares, cuestionó duramente la respuesta de las autoridades municipales. "El intendente de Carlos Casares dijo: 'Vamos a esperar que baje el agua y vamos a ver qué hacemos'. Esto es una cachetada, una falta de respeto y una incoherencia, porque hace 14 años conoce la realidad del distrito y tiene responsabilidad respecto a los caminos. Por eso lo denunciamos", expresó.