Concejales denunciaron amenazas tras el rechazo a un proyecto para declarar "personas no gratas" a los jóvenes que mataron a una nutria

Una grave situación se desató en Bahía Blanca luego de la última sesión del Concejo Deliberante, donde representantes de distintos bloques políticos denunciaron haber recibido numerosas amenazas dirigidas tanto contra ellos como hacia sus familiares.

El episodio se originó tras el tratamiento de un proyecto presentado por la presidenta del cuerpo, Gisela Caputo (PRO), junto a los concejales Emiliano Álvarez Porte y Fabiana Úngaro (Avanza Bahía), que proponía declarar personas no gratas de la ciudad a Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre, los jóvenes acusados de matar a patadas a una nutria en el Barrio Universitario mientras registraban el hecho en un video.

La iniciativa requería el respaldo de al menos 16 votos para ser aprobada. Sin embargo, obtuvo únicamente 10 adhesiones y no logró avanzar.

Según trascendió, la mayoría de los concejales presentes optó por acompañar una declaración de repudio al violento episodio, aunque rechazó la posibilidad de aplicar la figura de "persona no grata" a los involucrados.

Desde el retorno de la democracia, esta herramienta institucional había sido utilizada una sola vez en Bahía Blanca: en 1998, cuando el Concejo Deliberante declaró persona no grata al exmarino Alfredo Astiz, condenado posteriormente por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

Tras conocerse el resultado de la votación, concejales de diferentes espacios políticos comenzaron a recibir mensajes intimidatorios y amenazas vinculadas con el sentido de su voto, una situación que generó preocupación en el ámbito legislativo local y reavivó el debate sobre los límites de la violencia y la intolerancia en la discusión pública.