Diputados debatirá la reforma de la Ley de Glaciares en medio de tensiones políticas y cuestionamientos ambientales

La Cámara de Diputados sesionará este miércoles a las 15 para tratar el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares impulsado por el Gobierno, en un contexto atravesado por polémicas en torno a las audiencias públicas y fuertes diferencias entre sectores políticos y técnicos.

La convocatoria fue solicitada al presidente del cuerpo, Martín Menem, por legisladores de La Libertad Avanza y espacios aliados, con el objetivo de avanzar en la sanción definitiva de la iniciativa. En caso de aprobarse sin modificaciones, el proyecto se convertirá en ley, ya que cuenta con media sanción del Senado desde el pasado 26 de febrero.

La propuesta plantea una redefinición de las áreas protegidas al diferenciar entre “áreas periglaciares” y “geoformas periglaciares”, dejando en manos de estudios técnicos la determinación de cuáles deben ser consideradas reservas estratégicas. Este criterio será clave para establecer qué zonas integrarán el Inventario Nacional de Glaciares y, por lo tanto, quedarán bajo resguardo especial.

Desde el oficialismo sostienen que la reforma busca aportar mayor precisión a la normativa vigente y generar previsibilidad jurídica. No obstante, los cambios impactan directamente sobre el régimen de protección ambiental en regiones donde coexisten recursos hídricos y actividades productivas.

La iniciativa también responde a un compromiso asumido con gobernadores de provincias cordilleranas, interesados en contar con un marco legal más flexible que permita impulsar inversiones en minería e hidrocarburos.

En términos técnicos, el proyecto apunta a modificar el alcance de la protección sobre el ambiente periglaciar, habilitando la actividad económica en sectores que no cumplan un rol comprobado como reserva hídrica. Mientras que los glaciares seguirán bajo resguardo estricto, las zonas periglaciares quedarían sujetas a evaluaciones específicas.

El esquema mantiene vigente el Inventario Nacional de Glaciares, que continuará bajo la órbita del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), aunque la autoridad de aplicación pasará a ser la Secretaría de Energía. Este organismo coordinará la identificación de áreas protegidas, en base a los relevamientos técnicos.

La normativa conserva la prohibición de actividades que alteren significativamente las condiciones naturales en las zonas protegidas, incluyendo la contaminación, obras de gran escala y la explotación de recursos. Sin embargo, habilita expresamente investigaciones científicas, acciones de rescate y prácticas deportivas de bajo impacto.

El debate parlamentario llega tras audiencias públicas marcadas por cuestionamientos sobre la limitación en la participación de oradores y tensiones tanto dentro como fuera del Congreso.

Entre las voces críticas se destacó la del titular del IANIGLA, Pablo Villagra, quien advirtió que la reforma “no representa una mejora respecto de la ley vigente” y señaló que introduce nuevas ambigüedades, además de subordinar el rol científico a decisiones políticas provinciales.

También se expresaron en contra distintos expositores, como Muriel Douton, María Pía Silva y Juan Pablo Moschen Selva, quienes cuestionaron tanto la metodología de las audiencias como el contenido del proyecto. En particular, Silva calificó la iniciativa como “inconstitucional” al considerar que vulnera principios ambientales establecidos en la Constitución.

En contraposición, el geólogo Marcelo Placet respaldó la reforma y rechazó las advertencias sobre posibles riesgos para las fuentes de agua, al considerarlas infundadas.

De este modo, el tratamiento en Diputados se da en un escenario de alta sensibilidad, donde se cruzan intereses productivos, criterios técnicos y preocupaciones ambientales en torno al futuro de las regiones cordilleranas.