El Gobierno adjudicó la privatización de AySA por US$340,2 millones

El Gobierno de Javier Milei avanzó con el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) al adjudicar la venta del 90% de las acciones que pertenecen al Estado nacional por un total de US$340,2 millones. La operación quedó formalizada mediante la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo y publicada en el Boletín Oficial.

El grupo empresario ganador está integrado por Rowing SA, Arcos Saneamento e Participações SA, PHX Aqua AR BV y Transclor SA. La propuesta presentada por este consorcio superó a la del grupo encabezado por Roggio, que había ofrecido US$285 millones por el mismo paquete accionario.

La resolución fijó el 13 de noviembre de 2026 como fecha límite para la firma del contrato de compraventa. Una vez completada esa instancia, se procederá a transferir las acciones, que representan 135.000 títulos ordinarios de Clase A. El 10% restante de la compañía continuará en manos de los trabajadores, a través del Programa de Propiedad Participada.

La adjudicación se concretó después de que la comisión evaluadora recomendara seleccionar la propuesta ganadora y venciera el plazo establecido para presentar impugnaciones. De acuerdo con la normativa oficial, las ofertas económicas fueron consideradas razonables en relación con la tasación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Las inversiones previstas para AySA

El proceso de privatización contempla una concesión por 30 años, junto con un plan de inversiones obligatorias destinado a ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y cloacas.

Para el período comprendido entre 2027 y 2031, el esquema establece desembolsos por $2,89 billones, calculados a valores de diciembre de 2025 y sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El futuro operador deberá cumplir objetivos vinculados con la expansión y la calidad de los servicios, bajo la supervisión de los organismos de control correspondientes. Además, el contrato contempla la aplicación de sanciones ante incumplimientos graves o reiterados de las obligaciones asumidas.

AySA quedó habilitada para avanzar hacia su privatización a partir de la Ley Bases y de las disposiciones posteriores dictadas por el Poder Ejecutivo. Con esta adjudicación, la administración de Javier Milei suma un nuevo avance en su programa de transferencia de empresas estatales al sector privado.