El Gobierno apelará el fallo que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

El Gobierno nacional apelará el fallo del juez federal Martín Cormick, quien ordenó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso luego de que el Poder Ejecutivo intentara vetarla.

Cormick hizo lugar a una acción de amparo colectivo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades nacionales y docentes, además de otra demanda acumulada iniciada por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El magistrado cuestionó el decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno había establecido que la promulgación de la normativa se realizaba “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629”. Según el fallo, esa disposición terminó funcionando como un mecanismo para impedir la aplicación de una ley que el Congreso había ratificado con una mayoría de dos tercios, luego del veto presidencial.

A partir de esta decisión, el juez ordenó al Gobierno cumplir de manera inmediata con la Ley de Financiamiento Universitario, mediante el dictado de las normas reglamentarias y las medidas necesarias para su ejecución.

La estrategia oficial frente a este tipo de decisiones es recurrir los fallos en las distintas instancias judiciales hasta llegar, eventualmente, a la Corte Suprema de Justicia. De esta manera, el Ejecutivo busca evitar la ejecución de partidas presupuestarias destinadas a sectores que el Congreso considera en situación de emergencia.

La Corte Suprema ya se había pronunciado sobre el financiamiento universitario

En junio, la Corte Suprema de Justicia ratificó una medida cautelar que ordena al Gobierno aplicar dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario. La normativa había sido vetada por el presidente Javier Milei, pero posteriormente el Congreso rechazó el veto y mantuvo vigente la ley.

La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El máximo tribunal rechazó una presentación del Gobierno al considerar que todavía no existe una sentencia definitiva.

La medida alcanzó a los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen una actualización de los salarios del personal docente y no docente, además de la recomposición de programas destinados a estudiantes.

La decisión judicial se produjo luego de un acuerdo alcanzado el 10 de junio entre el Gobierno y el sector universitario para incrementar los fondos destinados al sistema. El entendimiento contempló una actualización salarial del 24,33%, un aumento del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades y una partida adicional de $50.000 millones para los hospitales universitarios.

Por este motivo, el nuevo fallo no implicaría un impacto económico capaz de modificar las proyecciones presupuestarias del Gobierno.