El Gobierno avanza con retiros voluntarios en el INTA y profundiza el ajuste sobre el organismo

En medio de las denuncias por el vaciamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Gobierno nacional puso en marcha un plan de retiro voluntario destinado a trabajadores del organismo, en el marco de una serie de medidas que redujeron su autonomía y capacidad operativa.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución 144/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma del titular del organismo, Nicolás Bronzovich. El programa comenzó a regir el pasado 4 de mayo y se extenderá hasta el 31 de este mes, aunque podría prorrogarse por única vez durante 15 días más si así lo solicita el Consejo Directivo.

El esquema toma como referencia los haberes liquidados a enero de 2026 y la antigüedad reconocida hasta el 31 de marzo de ese año. Según detalla el texto oficial, el incremento salarial acumulado contemplado para el cálculo de las compensaciones alcanza el 10,30% sobre la base salarial de enero.

La medida generó un fuerte rechazo entre los trabajadores del organismo, que desde hace meses denuncian un proceso de desguace institucional impulsado por el gobierno de Javier Milei.

El régimen excluye a siete categorías de agentes. Entre ellos, quedan afuera quienes hayan cumplido 65 años antes del 31 de mayo de 2026; quienes estén procesados o condenados por delitos contra la administración pública; y quienes hayan iniciado reclamos administrativos o judiciales contra el Estado nacional por cuestiones laborales, salvo las vinculadas a riesgos de trabajo.

Tampoco podrán adherirse trabajadores sometidos a sumarios por faltas graves, personas sujetas a investigaciones patrimoniales, empleados que ya hayan iniciado trámites jubilatorios o quienes hubieran presentado previamente su renuncia.

La avanzada oficial ocurre después de distintos conflictos judiciales. En agosto de 2025, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín intimó al Gobierno nacional a frenar los pases a disponibilidad dentro del INTA y fijó una multa de 10 millones de pesos diarios en caso de incumplimiento.

La resolución judicial llegó luego de que el Ministerio de Economía avanzara con la Resolución 1240, mediante la cual se dispuso la disponibilidad de 300 trabajadores del organismo pese a la existencia de una cautelar vigente y al rechazo legislativo del DNU 462/25 en el Senado.

Cómo será el cálculo de las indemnizaciones
El régimen establece una gratificación extraordinaria de egreso equivalente a 1,5 veces la remuneración bruta mensual por cada año trabajado —o fracción mayor a tres meses— computado hasta el 31 de mayo de 2026.

Solo se tomarán en cuenta los años trabajados como personal permanente dentro de la Administración Pública Nacional. Quedarán excluidos los períodos desempeñados como becarios, contratados, personal transitorio o no permanente, así como servicios previamente indemnizados en otros retiros voluntarios.

El monto final variará según la edad del trabajador. Hasta los 60 años no habrá límite. Entre los 61 y 63 años se aplicará un tope de 24 haberes brutos, mientras que a partir de los 64 años el máximo será de 12 haberes.

La base de cálculo incluirá únicamente conceptos remunerativos mensuales, normales y permanentes. Quedarán afuera viáticos, movilidad, ayuda escolar, reintegros de guardería y el aguinaldo. El pago se realizará en una sola cuota dentro de los 30 días posteriores al cese laboral.

El avance del ajuste sobre el INTA
El proceso de reestructuración del organismo se aceleró durante 2025 con el cierre de programas históricos como Prohuerta y Cambio Rural, orientados a pequeños productores y agricultores familiares.

En paralelo, el Ministerio de Economía dispuso en julio del año pasado la disponibilidad de 286 trabajadores de planta permanente. Los gremios denunciaron despidos encubiertos y advirtieron sobre la pérdida de profesionales especializados y el impacto negativo en investigaciones de largo plazo.

A esto se sumó el deterioro salarial. Según denuncias internas, un investigador con 15 años de antigüedad quedó percibiendo salarios hasta un 30% inferiores a los de organismos equivalentes como el Conicet o el Senasa.

Ese mismo mes, mediante el Decreto 462/2025, el Gobierno modificó la estructura institucional del INTA. El organismo dejó de ser autárquico y pasó a depender directamente de la Secretaría de Agricultura bajo la figura de ente desconcentrado.

La reforma también incluyó la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci). El nuevo esquema establece una conducción encabezada por un presidente con rango de secretario de Estado y un consejo técnico ad honorem, además de habilitar la transferencia de recursos y bienes a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Desde el interior del organismo surgieron fuertes críticas. Luis Pablo Panatti, presidente del Consejo Regional Córdoba, sostuvo que con estas medidas “se rompe un sistema de gobernanza virtuoso donde el sector productivo y la ciencia decidían en conjunto” y advirtió que el objetivo de fondo es “vaciar políticamente” al instituto.

El plan oficial también contempla la reducción de agencias de extensión rural en todo el país: de 299 pasarían a ser 252, lo que implica el cierre de 48 sedes. Hasta abril de 2026 ya fueron eliminadas 24 agencias, incluyendo la disolución completa del Centro Regional INTA AMBA.

Entre las localidades afectadas aparecen Vedia, Rojas, Laprida, Necochea, Balcarce, Saladillo, Oncativo y La Carlota, entre otras.

Además, el proyecto prevé la venta de más de 42 mil hectáreas de campos experimentales y la unificación de centros regionales. Durante los últimos meses se registraron movilizaciones y presentaciones judiciales contra el ajuste, los despidos y la venta de bienes públicos, mientras crece la preocupación por el impacto territorial del desmantelamiento del organismo.