El Gobierno impulsa una ley para blanquear ahorros en dólares y limitar la persecución penal por evasión

En un contexto de fuerte caída de la actividad económica, el Gobierno presentó ante el Congreso el proyecto de Ley de Principio de Inocencia Fiscal, con el que busca apuntalar el uso de dólares fuera del sistema bancario formal y reducir la presión penal sobre los contribuyentes. La iniciativa se enmarca en la necesidad de “remonetizar” la economía sin ampliar la base monetaria en pesos.

La propuesta, impulsada por el titular de ARCA, Juan Pazo, y respaldada por la flexibilización de la UIF en el control de operaciones en efectivo, establece un giro en la lógica tributaria: se eleva de manera significativa el umbral desde el cual se considera delito penal. Por ejemplo, el mínimo para fraude fiscal pasa de $1,5 millones a $100 millones, y el de apropiación indebida de tributos, de $2 millones a $200 millones. Según Pazo, con este cambio “de las 7.500 causas actuales en el fuero penal tributario, solo quedarían activas unas 200”.

Además, se introduce un nuevo régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias. ARCA solo podrá fiscalizar la última declaración jurada de quienes se adhieran, y se tomará como base únicamente lo facturado, sin analizar el patrimonio ni el consumo. El Gobierno asegura que este mecanismo permitirá a pequeños y medianos contribuyentes regularizar su situación sin exponerse a sanciones penales.

El proyecto también reduce el plazo de prescripción para la determinación tributaria de cinco a tres años en caso de cumplimiento voluntario. La extinción de la acción penal podrá aplicarse si el contribuyente paga la deuda dentro de los 30 días hábiles de la notificación, siempre que no haya dolo ni documentación falsa.

Otro punto clave del debate será la potestad de las provincias. Con la modificación del Código Civil y Comercial, se limitará la posibilidad de que cada jurisdicción fije plazos propios de prescripción, lo que actualmente genera diferencias de hasta 10 años entre distritos.

Por último, la ley prevé la creación de un régimen de Declaración Jurada Simplificada para personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos de hasta $1.000 millones y patrimonio de hasta $10.000 millones. En todos los casos, el objetivo declarado del oficialismo es cambiar el enfoque: “Pasar de lo punitivo a lo recaudatorio”, en palabras de una fuente del Gobierno.