Tandil
El Municipio suspendió de manera provisoria un artículo de la ordenanza de agroquímicos por un fallo de la Suprema Corte
5 de Febrero de 2026
El Municipio oficializó, mediante el Decreto Nº 423/2026, la suspensión temporal y transitoria del Artículo N° 8 de la Ordenanza Municipal N° 17.404, en cumplimiento de una medida precautelar dispuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
La decisión responde a una resolución dictada el 30 de diciembre de 2025 por el máximo tribunal bonaerense, en el marco de una causa por inconstitucionalidad impulsada por particulares nucleados en la organización “Vecinos de la Cuenca del Chapaleofú”.
El decreto fue firmado por el intendente municipal interino, Juan Pablo Frolik, y el secretario de Gobierno, Miguel Ángel Lunghi (h), y precisa que la suspensión alcanza únicamente al artículo mencionado. El resto de la ordenanza continúa vigente sin modificaciones y opera de manera subsidiaria junto con la normativa provincial correspondiente.
Desde el Ejecutivo local aclararon que la medida judicial tiene carácter precautelar y transitorio, y se mantendrá hasta tanto se completen los requerimientos de información solicitados y la Suprema Corte emita una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión.
En ese marco, se instruyó a distintas áreas municipales —entre ellas las secretarías de Servicios Públicos, Desarrollo Productivo e Innovación, y Protección Ciudadana— para que tomen conocimiento de la resolución y garanticen su cumplimiento.
Asimismo, se dispuso notificar formalmente al Concejo Deliberante y a entidades profesionales vinculadas al sector, como el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires y el Círculo de Ingenieros Agrónomos de la ciudad de Tandil.
Según se detalla en los considerandos del decreto, la Secretaría Legal y Técnica municipal recomendó dar publicidad a la medida con el objetivo de informar a la comunidad en general, al tiempo que el Municipio advirtió que el fallo de la Suprema Corte podría generar un “vacío legal” en materia de aplicación de agroquímicos.
