El Senado rechazó el veto de Milei y sancionó la Ley de Emergencia en Discapacidad

En medio del escándalo por los audios que involucran a la ANDIS y a pocos días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el Senado convirtió en ley la emergencia en discapacidad al rechazar el veto presidencial con 63 votos afirmativos y 7 en contra. Solo La Libertad Avanza y dos aliados acompañaron la postura del Ejecutivo.

Se trata de un hecho político significativo: hacía 22 años que el Congreso no desestimaba un veto presidencial. La votación fue presidida por Bartolomé Abdala, ya que Victoria Villarruel se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo durante el viaje de Javier Milei al exterior.

Durante la jornada, prestadores, profesionales, familiares, transportistas e instituciones del sector realizaron un paro y movilización en plazas de todo el país para exigir que los senadores dejaran sin efecto el veto firmado por Milei en agosto.

La sesión también estuvo atravesada por la crisis política que generó la difusión de audios del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien denunció presuntas coimas que involucrarían a Karina Milei. En ese contexto, la senadora fueguina Cristina López apuntó contra la secretaria general de la Presidencia con duras críticas.

Los principales puntos de la Ley de Emergencia en Discapacidad

La norma estará vigente hasta diciembre de 2027 y establece medidas para fortalecer el sistema de prestaciones y promover la inclusión laboral de personas con discapacidad. Entre ellas:

Compensaciones económicas: asignaciones de emergencia para prestadores y talleres de producción, con un impacto fiscal estimado entre 0,22% y 0,42% del PBI.

Pagos y aranceles: saldar deudas con prestadores y actualizar mensualmente los valores del Sistema de Prestaciones Básicas, declarado de interés público nacional.

Pensiones no contributivas: financiamiento garantizado y revisión de condiciones de acceso.

Fortalecimiento institucional: actualización de la base de datos de la ANDIS y realización de auditorías.

Transparencia: obligación del Ejecutivo de informar sobre ejecución presupuestaria y políticas vinculadas.

Certificado Único de Discapacidad (CUD): nuevos lineamientos para su otorgamiento, con un enfoque integral.

Talleres protegidos y centros de día: recursos garantizados para su funcionamiento.

Cupo laboral: reafirmación de la obligación estatal de cumplir con el 4% de empleo en el sector público.

Con esta decisión, el Congreso envió un fuerte mensaje político en un tema que lleva meses de reclamos y movilizaciones en todo el país.