Guillermo Michel cuestionó la venta de AySA y aseguró que fue malvendida por el Gobierno

El diputado nacional Guillermo Michel, de Unión por la Patria, cuestionó la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y afirmó que el Gobierno nacional vendió la empresa por debajo de su valor. El legislador criticó la operación por la que se adjudicó el 90% de las acciones estatales por 340 millones de dólares a un consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento, PHX Aqua y Transclor.

“Yo creo que el concepto de privatización es muy generoso. AySA fue malvendida”, sostuvo Michel, quien fundamentó sus cuestionamientos en los resultados operativos de la compañía y en el precio acordado con los nuevos propietarios.

Para explicar su postura, el diputado hizo referencia al método de valoración conocido como EBITDA, utilizado para analizar la rentabilidad operativa de una empresa y estimar su capacidad de generar ganancias.

“Cualquier empresa, cuando la vendés, la vendés por un concepto que se llama EBITDA, pero que en realidad es la utilidad futura. Es decir, cuánto gana esta empresa por año. Y en función a cuánto gana por año es a lo que se valúa la empresa”, explicó.

Michel cuestionó el precio de venta de AySA

El legislador comparó los resultados financieros de la empresa con el monto de la operación y señaló que existiría una diferencia significativa entre ambos valores.

“Si vos mirás el último balance de AySA, que cerró en 2025, la utilidad operativa fue de aproximadamente 270 millones de dólares. Y vos vendiste el 90% en 340 millones de dólares. Es decir que con 1,3 años de utilidad ya la pagás la empresa. Esa valuación no existe en ningún indicador de ninguna empresa del mundo”, afirmó.

Michel también advirtió sobre las consecuencias de transferir las acciones de la compañía al sector privado. Según planteó, la operación permite que los nuevos propietarios utilicen esos títulos como garantía para obtener financiamiento.

“Vos le estás asegurando un retorno de más del 10% en dólares por año, con un agravante. No es que estás concesionando el servicio por 30 años, vos transferís las acciones. Y al transferir las acciones de la empresa a un grupo, vos lo que le permitís es usar esas acciones como garantía para salir a buscar crédito”, sostuvo.

En ese sentido, el diputado mencionó las obras de infraestructura vinculadas con el servicio de agua y saneamiento y destacó el caso de la obra de Dique Luján, en Tigre, cuyo valor estimó en más de 1.000 millones de dólares.

A partir de estos argumentos, cuestionó que los nuevos propietarios puedan utilizar activos de la compañía para financiar la adquisición.

“Le das un activo a una empresa para que se dé vuelta y salga a pedir préstamos para pagar lo que la empresa supuestamente vale. O sea, se paga sola”, expresó.

La alternativa de mantener el control estatal

Aunque defendió la participación del capital privado en la economía, Michel planteó que AySA podría haber adoptado un esquema de participación mixta que mantuviera el control mayoritario en manos del Estado.

Como ejemplo, mencionó el modelo de YPF, en el que el Estado conserva el 51% de las acciones, mientras que el resto cotiza en el mercado bursátil.

“Yo no quiero ir a un esquema comunista o de falso nacionalismo. Yo creo en el capital privado, creo en el capitalismo moderno. Pero para AySA teníamos otra salida. Por ejemplo, el esquema de YPF: 51% en cabeza del Estado y el resto cotizando en la bolsa”, explicó.

Según el diputado, esa alternativa habría permitido obtener los 340 millones de dólares de la operación sin perder el control estatal de la empresa.

“De esa manera captabas estos 340 millones de dólares de manera muy rápida y seguías manteniendo el 51% en cabeza del Estado, que te permite desarrollar de manera estratégica y asegurarle agua y cloaca a los vecinos”, agregó.

La prestación del servicio, en el centro del debate

Por último, Michel puso el foco en el carácter esencial del suministro de agua potable y cuestionó las posibles consecuencias de dejar la prestación bajo control privado.

“El agua en el mundo es un bien esencial y se debe garantizar”, afirmó.

En ese marco, planteó interrogantes sobre los mecanismos de reclamo que tendrían los usuarios ante eventuales interrupciones del servicio y cuestionó la posibilidad de que deban recurrir a instancias internacionales para resolver conflictos con los nuevos propietarios.

“¿Qué vamos a hacer ahora en manos de esta empresa privada cuando le corten el agua a un vecino de Virreyes? ¿Va a mandar una carta documento a Holanda para reclamarle al fondo inversor que le cortaron el agua?”, concluyó.