La Confederación General del Trabajo (CGT) encabezó este lunes una masiva movilización hacia los Tribunales porteños y formalizó la presentación de recursos ante los fueros Laboral y Contencioso Administrativo para que la reforma laboral sancionada por el Congreso sea declarada inconstitucional.
La central obrera cuestiona la ley impulsada por el gobierno de Javier Milei, aprobada el viernes en el Senado, al considerar que vulnera garantías constitucionales y compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de derechos laborales.
La presentación judicial fue encabezada por los cosecretarios generales Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros), en el marco de la movilización.
En un comunicado, la CGT afirmó que asume una “responsabilidad histórica” para resistir lo que calificó como una reforma “regresiva y perniciosa”.
Los ejes constitucionales del planteo
En el escrito, la central sostiene que la norma contradice el principio de progresividad o no regresividad de los derechos sociales, que impide retrocesos en materia laboral, así como el principio protectorio propio del derecho del trabajo.
Además, advierte una afectación directa del artículo 14 bis de la Constitución Nacional en aspectos centrales como:
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Protección contra el despido arbitrario.
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Derecho de huelga.
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Negociación colectiva.
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Libertad sindical.
La CGT también plantea posibles incompatibilidades con tratados internacionales suscriptos por el país en materia de derechos laborales.
Los puntos más cuestionados
Entre los aspectos más criticados por la conducción sindical se encuentran:
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La habilitación de jornadas laborales de hasta 12 horas.
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La eliminación de sanciones a empleadores por incumplimientos en aportes.
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La posibilidad de abonar indemnizaciones en cuotas mediante un Fondo de Asistencia Laboral financiado con aportes de trabajadores.
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La reducción de aportes a las obras sociales.
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La fragmentación de las vacaciones.
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La promoción de convenios por empresa en detrimento de la negociación colectiva sectorial.
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Restricciones al derecho a la protesta y a la actividad sindical.
Para la CGT, estas modificaciones implican un retroceso en derechos conquistados durante décadas y no abordan las causas estructurales del desempleo y la informalidad.
El contexto económico y político
El documento difundido por la central enmarca la reforma en un escenario que define como crítico, con caída de la actividad en amplios sectores privados, pérdida de más de 300.000 empleos en los últimos dos años, aumento de la desocupación, cierre de empresas y deterioro del poder adquisitivo.
Según el texto, los problemas de pobreza, desempleo y precarización no se explican por el marco normativo vigente, sino por decisiones macro y microeconómicas adoptadas en los últimos años. También mencionan la persistencia de la inflación, la retracción del consumo y la inversión, la caída de la recaudación y el incremento del endeudamiento del Estado y de los hogares.
La movilización se suma al paro general convocado por la CGT el 19 de febrero, en coincidencia con el tratamiento del proyecto en Diputados. En el comunicado, la central incluyó además una referencia al escenario político posterior a las elecciones de 2023, al señalar que el peronismo “no definió la estrategia electoral que condujo a la derrota política”.
La consigna elegida para cerrar el texto fue: “No hay libertad sin justicia social”.
Ahora, la definición quedará en manos de la Justicia, que deberá resolver si hace lugar al planteo de inconstitucionalidad y eventualmente suspende la aplicación de la reforma laboral.
