La Justicia impuso multas diarias de $100.000 al jefe de Gabinete por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, a cargo del juez Martín Cormick, resolvió aplicar multas diarias de $100.000 al titular de la Jefatura de Gabinete por el incumplimiento de una orden judicial en la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras partes contra el Estado nacional.

La resolución, dictada en octubre de 2026, establece que, ante el “incumplimiento verificado”, corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto el 30 de septiembre y avanzar con la aplicación de astreintes, una sanción económica destinada a procurar el cumplimiento de una obligación judicial.

La medida se fijó en una primera instancia, aunque el magistrado advirtió que tanto el monto de las multas como los funcionarios alcanzados podrían modificarse. El Gobierno nacional tiene la posibilidad de apelar la decisión.

El expediente está vinculado con el reclamo contra el Estado nacional por el cumplimiento del Decreto 759/2025, en el marco del conflicto por el financiamiento de las universidades públicas.

Convocan a una nueva marcha federal universitaria

En paralelo al avance judicial, la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Interuniversitario Nacional lanzaron una campaña audiovisual para convocar a la quinta Marcha Federal Universitaria, bajo la consigna: “No normalicemos el incumplimiento de la ley. Las leyes se cumplen. Siempre”.

La movilización fue convocada para este jueves 15 de octubre, a las 13:30, frente al Congreso de la Nación. La protesta busca visibilizar la crisis presupuestaria de las universidades, el retraso salarial, el deterioro del sistema científico nacional y el reclamo por el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.

Si bien inicialmente se había evaluado realizar la concentración frente al Palacio de Tribunales para poner el foco en el rol del Poder Judicial en el conflicto, finalmente rectores, gremios docentes y no docentes, y agrupaciones estudiantiles acordaron trasladar el acto central al Congreso.

La decisión está vinculada con el inicio del debate parlamentario sobre el Presupuesto 2027 y con la sesión especial convocada por la oposición para tratar distintos temas, entre ellos la morosidad, la emergencia en discapacidad y el rechazo del DNU 70/23.