La Justicia rechazó levantar la cautelar que frena la privatización de AySA

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata rechazó este viernes el pedido de AySA para dejar sin efecto la medida cautelar que frena el avance de la privatización de la empresa.

La compañía había presentado un recurso extraordinario contra la resolución que había dispuesto la cautelar, a partir de una presentación realizada por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino.

Los jueces consideraron que las resoluciones vinculadas con medidas cautelares, en principio, no tienen carácter definitivo, una condición necesaria para habilitar los recursos extraordinarios planteados por la empresa.

Además, el fallo recordó que la causa fue remitida a la Justicia Federal luego de que la Justicia provincial se declarara incompetente para continuar interviniendo en el expediente.

Qué planteó AySA

En su presentación, AySA había denunciado una supuesta “gravedad institucional” derivada de la medida cautelar y cuestionó que estuvieran acreditados los requisitos necesarios para sostenerla.

La empresa argumentó que no existía verosimilitud en el derecho ni peligro en la demora y planteó una afectación al interés público. Sin embargo, la Cámara sostuvo que los recursos extraordinarios no resultaban admisibles porque la resolución cuestionada no encuadra entre aquellas que pueden ser impugnadas mediante esas vías.

La Sala II resolvió así denegar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad presentados por AySA.

El planteo contra el nuevo contrato de concesión

La acción judicial había sido impulsada por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, quien cuestionó el nuevo contrato de concesión de AySA y sostuvo que sus disposiciones implicaban una reducción de los estándares ambientales, sanitarios y de protección de los usuarios.

El planteo alcanza la prestación de los servicios de agua potable y desagües cloacales en los 26 municipios del conurbano y la región metropolitana donde opera la empresa.

“La Justicia suspendió la licitación de AySA por la indeterminación del pasivo ambiental y la Justicia Federal deberá resolver la cuestión de fondo”, había señalado Lorenzino.

La presentación derivó en una medida cautelar dictada por una jueza de primera instancia, que ordenó a AySA abstenerse de realizar cualquier acto que modificara, redujera, limitara, alterara, suspendiera o disminuyera sus obligaciones vinculadas con el servicio de agua potable, la salud pública, el ambiente sano y la prestación adecuada del servicio.

Además, se dispuso el traslado del expediente a los juzgados federales de La Plata.

La privatización de AySA

El contrato cuestionado fue firmado en mayo de 2026 y forma parte del proceso de privatización establecido a partir de la Ley Bases, que declaró a AySA sujeta a privatización.

Posteriormente, el Decreto 494 habilitó el procedimiento para transferir al sector privado el 90% del capital social de la empresa, que actualmente se encuentra bajo control mayoritario del Estado nacional.

AySA apeló la medida cautelar luego de que fuera rechazado un pedido de reposición. Por su parte, Lorenzino cuestionó el traslado de la causa al fuero federal y solicitó que el expediente continuara en la Justicia provincial.

La Sala II rechazó el planteo de AySA y confirmó la medida cautelar en toda su extensión.