La Provincia implementa un nuevo régimen para cobrar el uso del agua en countries y barrios cerrados

La Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires puso en marcha un nuevo régimen destinado a regular el uso del recurso hídrico en countries y barrios cerrados que aún no hayan regularizado su situación conforme a lo establecido por la Ley 12.257, normativa que regula el manejo del agua en territorio bonaerense.

La medida ya se encuentra vigente y se aplicará a través del Registro de Usuarios del Recurso Hídrico. Según la resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial, la incorporación de oficio de un usuario implicará su ingreso automático al régimen de percepción del canon por uso del agua y de la Tasa de Inspección de Funcionamiento y Control de Calidad de Efluentes (TIFyCCE).

El nuevo esquema está dirigido específicamente a desarrollos inmobiliarios privados que no hayan completado los trámites vinculados con los permisos de explotación del agua y el vertido de efluentes. Para estos casos, se estableció una fórmula especial que permitirá calcular los montos a abonar cuando no existan antecedentes administrativos que determinen el caudal diario utilizado o el volumen diario de efluentes generados.

La metodología de cálculo tendrá en cuenta distintos factores, entre ellos la cantidad de unidades funcionales, la superficie cubierta, el número estimado de habitantes, la presencia de piscinas, los espacios verdes y los usos no residenciales dentro de cada emprendimiento. A partir de esos parámetros se estimará el consumo mensual de agua expresado en metros cúbicos.

Desde la ADA explicaron que la iniciativa busca compatibilizar el crecimiento urbano con la preservación de los recursos hídricos y el ordenamiento territorial, promoviendo que todos los usuarios de aguas públicas cumplan con las obligaciones técnicas y administrativas vigentes.

Asimismo, señalaron que el objetivo es avanzar hacia una gestión más equitativa y sostenible del recurso, vinculando el uso estimado que realiza cada desarrollo inmobiliario con el pago de los cánones y tasas correspondientes.