La reforma de la Ley de Salud Mental impulsada por Milei quedó habilitada para debatirse en el Senado

La reforma de la Ley Nacional de Salud Mental impulsada por el gobierno de Javier Milei superó un obstáculo clave en el Senado y quedó en condiciones de llegar al recinto la próxima semana. Tras varios meses de negociaciones y modificaciones al proyecto original, el oficialismo consiguió reunir las firmas necesarias para avanzar con una iniciativa que propone modificar las condiciones de las internaciones involuntarias, revisar el funcionamiento de los establecimientos psiquiátricos y cambiar los mecanismos de seguimiento de los pacientes.

El avance legislativo, sin embargo, no logró cerrar las diferencias políticas y sanitarias. Mientras La Libertad Avanza sostiene que es necesario intervenir antes de que una crisis llegue a situaciones extremas, sectores de la oposición reclaman mayores garantías para los pacientes, participación de equipos interdisciplinarios y recursos nacionales para sostener los tratamientos en las provincias.

La posibilidad de llevar el proyecto al recinto se destrabó con la presentación de un dictamen de minoría de Convicción Federal, integrado por Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza. Aunque ese espacio no acompañó íntegramente la propuesta libertaria, sus firmas permitieron completar el respaldo requerido en el plenario de las comisiones de Salud y Legislación General.

El movimiento habilitó el tratamiento parlamentario, pero no garantiza que el oficialismo cuente con los votos necesarios para aprobar la reforma. La intención es debatir el proyecto el jueves 29 de octubre, aunque la convocatoria deberá definirse durante la reunión de Labor Parlamentaria prevista para el martes 27.

Las firmas que destrabaron el proyecto y las diferencias que persisten

El expediente PE-99/26 ingresó al Senado por iniciativa del Poder Ejecutivo. La semana pasada, Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, había presentado una nueva versión del proyecto, negociada con sectores de la oposición, junto con Ivanna Arrascaeta, titular de la Comisión de Salud, y Nadia Márquez, responsable de la Comisión de Legislación General.

La propuesta consiguió el acompañamiento del PRO, la UCR y distintas fuerzas provinciales, aunque todavía no reunía las firmas necesarias para avanzar. La situación cambió con el dictamen alternativo de Convicción Federal, que coincidió con el oficialismo en la necesidad de revisar las condiciones de las internaciones involuntarias, pero planteó diferencias respecto de los procedimientos, la intervención profesional y el financiamiento.

La senadora Carolina Moisés puso el foco en las obligaciones económicas del Estado nacional. “Son necesarios los recursos para las provincias y que haya recursos para los centros comunitarios”, sostuvo.

Su espacio también propone que el Ministerio de Salud elabore un plan nacional de cinco años, articulado con el Consejo Federal de Salud. El documento debería incluir información sobre camas disponibles, guardias, equipos ambulatorios y dispositivos comunitarios, además de establecer objetivos de cumplimiento y fuentes de financiamiento.

Una de las principales diferencias entre las propuestas está relacionada con los plazos para validar una internación. El oficialismo plantea ampliar de 24 a 48 horas el período excepcional para que una internación indicada inicialmente por un solo médico sea revalidada mediante una evaluación interdisciplinaria. Convicción Federal, en cambio, pretende mantener el límite vigente de 24 horas.

Internaciones involuntarias: el principal cambio que impulsa el Gobierno

Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es la modificación de los criterios que permiten internar a una persona sin su consentimiento.

La Ley 26.657, sancionada en 2010, establece que esta medida debe ser excepcional y requiere la existencia de un “riesgo cierto e inminente” para la propia persona o para terceros.

El proyecto del Gobierno propone reemplazar ese requisito por una evaluación centrada en el riesgo grave de daño. El objetivo declarado es permitir intervenciones antes de que una crisis alcance una situación extrema. La modificación también contempla la posibilidad de considerar antecedentes clínicos, episodios previos y consumos problemáticos.

La diputada nacional Antonela Giampieri defendió este cambio y consideró necesario revisar la normativa después de 16 años de aplicación. Si bien reconoció que la ley representó un avance en 2010, planteó que la evaluación profesional no debería limitarse al momento en que una persona llega a una guardia, sino que también tendría que contemplar sus antecedentes médicos y situaciones anteriores.

La iniciativa también modifica la composición de los equipos que intervienen en una internación. Mientras la legislación actual exige la firma de dos profesionales de distintas disciplinas, uno de ellos psicólogo o médico psiquiatra, el texto oficialista establece la participación obligatoria de un médico acompañado por otro profesional.

Además, contempla la posibilidad de utilizar teleconsultas en regiones donde no haya especialistas disponibles. Los controles judiciales también forman parte de la discusión: la propuesta mantiene la intervención posterior del juez y del Órgano de Revisión, aunque introduce modificaciones en determinados mecanismos de supervisión.

Hospitales psiquiátricos: otro punto de conflicto

La continuidad de los establecimientos especializados constituye otro de los ejes centrales de la reforma.

La legislación vigente prohíbe la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones monovalentes y establece que los establecimientos existentes deben adaptarse progresivamente a modelos alternativos de atención.

El Gobierno nacional propone revisar ese esquema para permitir que las provincias mantengan instituciones especializadas destinadas a pacientes que requieran tratamientos de mayor complejidad.

Antonela Giampieri sostuvo que existen pacientes que pueden recibir atención en hospitales generales, mientras que otros necesitan establecimientos especializados. En ese sentido, mencionó los hospitales Borda, Moyano y Alvear como parte de la infraestructura que considera necesario preservar.

La iniciativa plantea que estos establecimientos funcionen de manera articulada con servicios ambulatorios, dispositivos comunitarios y mecanismos de acompañamiento posteriores al alta.

Sin embargo, la propuesta genera resistencia entre sectores sanitarios que advierten que el fortalecimiento de las instituciones monovalentes podría perjudicar el proceso de sustitución de las internaciones prolongadas por tratamientos comunitarios.

El financiamiento de las provincias llegará al recinto

La cuestión presupuestaria aparece como uno de los principales puntos pendientes de la reforma. Aunque la última versión oficialista incorpora mecanismos de cooperación técnica, económica y financiera, distintos sectores consideran que esa fórmula resulta insuficiente si no incluye compromisos concretos de inversión.

Convicción Federal propone que el Ministerio de Salud presente informes anuales ante el Congreso con información sobre el presupuesto destinado al área, las transferencias realizadas a las provincias y los recursos asignados a hospitales, dispositivos comunitarios, atención ambulatoria y capacitación profesional.

El planteo coincide con uno de los principales reclamos de las jurisdicciones: que cualquier modificación del sistema esté acompañada por infraestructura, trabajadores especializados y financiamiento suficiente.

En la provincia de Buenos Aires, el ministro de Salud Nicolás Kreplak ya había advertido sobre las dificultades que genera el traslado de prestaciones hacia hospitales provinciales y municipales en un contexto de restricciones presupuestarias. El funcionario reclamó que el Gobierno nacional acompañe cualquier reforma con recursos para dispositivos comunitarios, profesionales y tratamientos.

Con el expediente habilitado para llegar al recinto, el Senado deberá resolver no solo en qué condiciones puede disponerse una internación involuntaria, sino también cuál será el futuro de los establecimientos especializados y qué obligaciones asumirá el Estado nacional frente a las provincias.

Si se confirma la sesión del jueves 29 de octubre, la Cámara alta debatirá una reforma que logró superar el bloqueo en comisiones, pero que todavía mantiene abiertos los desacuerdos sobre las garantías de los pacientes, el modelo de atención y los recursos necesarios para implementar los cambios.