Paro universitario interrumpe el inicio de clases y crece el conflicto por el financiamiento

El comienzo del ciclo lectivo en las universidades nacionales se vio afectado por un paro convocado por los gremios docentes y no docentes. La federación Conadu anunció una semana completa de huelga y advirtió que las medidas de fuerza podrían continuar durante el cuatrimestre si no hay respuestas a los reclamos del sector.

El conflicto se origina en una combinación de demandas salariales y cuestionamientos al recorte de recursos destinados al funcionamiento de las universidades. De acuerdo con los rectores, el sistema universitario requeriría alrededor de 7,2 billones de pesos para sostener su actividad, mientras que el presupuesto presentado por el Gobierno nacional contempla aproximadamente 4,8 billones.

En paralelo, los sindicatos señalan la situación de los salarios docentes y no docentes. La legislación vigente sobre financiamiento universitario establece una recomposición salarial que superaría el 50%, aunque desde el Poder Ejecutivo se impulsa una modificación de esa norma que implicaría un incremento cercano al 12%.

La disputa se arrastra desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Tras asumir la presidencia, el Gobierno otorgó aumentos salariales por debajo de la inflación y mantuvo una fuerte tensión con el sistema universitario, que respondió con movilizaciones masivas en defensa de la educación pública.

En ese contexto, el Congreso aprobó en dos oportunidades leyes destinadas a reforzar el financiamiento del sector. Javier Milei vetó ambas iniciativas, aunque el segundo veto fue rechazado por el Parlamento, lo que dejó la norma vigente. Sin embargo, las universidades sostienen que el Ejecutivo aún no cumple con lo establecido.

Frente a esta situación, las instituciones universitarias recurrieron a la Justicia y obtuvieron una medida cautelar que ordena al Gobierno avanzar con los pagos correspondientes. La Casa Rosada apeló esa resolución y, al mismo tiempo, impulsa cambios legislativos para reducir el impacto fiscal de la ley actual.

Desde el sector universitario advierten que el conflicto podría derivar en una huelga prolongada. En ese marco, ya se analiza la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria prevista para el 23 de abril.