Protesta nacional de la UTEP por la eliminación del salario social complementario y su impacto en la economía popular

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) llevó adelante este martes una jornada nacional de protesta con cortes de rutas y accesos en distintos puntos del país, en rechazo a la decisión del Gobierno de eliminar el salario social complementario. Este ingreso, de $78.000, dejará de abonarse a partir del 9 de abril y alcanzaba a cientos de miles de trabajadores informales.

Bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”, la organización busca visibilizar el conflicto e instalar el debate sobre el rumbo de la política social. Desde el espacio advierten que la medida afectará de manera directa a cerca de un millón de personas que dependen de ese ingreso para sostener sus actividades cotidianas.

La UTEP —que nuclea a cartoneros, cooperativistas y trabajadores de comedores comunitarios— sostiene que la eliminación del beneficio implica un recorte sobre los sectores más vulnerables. En ese sentido, subrayan que no se trata de asistencia, sino de trabajadores que generan ingresos en condiciones precarias.

Además, señalaron que el cambio previo en el esquema de actualización del ingreso, que dejó de estar vinculado al Salario Mínimo, Vital y Móvil, ya había deteriorado su poder adquisitivo en los últimos meses. Con la eliminación total del programa, alertan que la situación social podría profundizarse en los barrios populares.

Impacto en el empleo y el consumo

Desde la organización vinculan esta decisión con un deterioro más amplio del mercado laboral. Según sus estimaciones, la gestión de Javier Milei habría expulsado a más de 300.000 trabajadores del empleo formal, incrementando la presión sobre la economía popular.

En esa línea, la secretaria gremial de la UTEP, Johana Duarte, advirtió que el impacto trasciende a quienes perciben directamente el ingreso. “Es un golpe también a los comercios de cercanía, porque ese dinero se destina al consumo en los barrios”, sostuvo.

Como ejemplo, mencionó el caso de Chaco, donde alrededor de 45.000 trabajadores cobraban este ingreso. De acuerdo a sus cálculos, la interrupción de esos fondos implicará que más de $3.500 millones dejarán de circular en la economía provincial, con una posible caída del consumo de entre el 6% y el 10%.

Tensión con el Gobierno y el protocolo antipiquetes

La jornada también se inscribe en un escenario de creciente tensión con el Gobierno nacional, especialmente por la aplicación del protocolo antipiquetes impulsado por el Ministerio de Seguridad.

Desde la UTEP indicaron que la convocatoria tuvo alcance federal, con cortes en accesos estratégicos a la Ciudad de Buenos Aires y en distintas capitales provinciales. En ese marco, la protesta se configura como una nueva disputa por el control del espacio público, en un contexto marcado por el ajuste y la caída de ingresos en los sectores más vulnerables.La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) llevó adelante este martes una jornada nacional de protesta con cortes de rutas y accesos en distintos puntos del país, en rechazo a la decisión del Gobierno de eliminar el salario social complementario. Este ingreso, de $78.000, dejará de abonarse a partir del 9 de abril y alcanzaba a cientos de miles de trabajadores informales.

Bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”, la organización busca visibilizar el conflicto e instalar el debate sobre el rumbo de la política social. Desde el espacio advierten que la medida afectará de manera directa a cerca de un millón de personas que dependen de ese ingreso para sostener sus actividades cotidianas.

La UTEP —que nuclea a cartoneros, cooperativistas y trabajadores de comedores comunitarios— sostiene que la eliminación del beneficio implica un recorte sobre los sectores más vulnerables. En ese sentido, subrayan que no se trata de asistencia, sino de trabajadores que generan ingresos en condiciones precarias.

Además, señalaron que el cambio previo en el esquema de actualización del ingreso, que dejó de estar vinculado al Salario Mínimo, Vital y Móvil, ya había deteriorado su poder adquisitivo en los últimos meses. Con la eliminación total del programa, alertan que la situación social podría profundizarse en los barrios populares.

Impacto en el empleo y el consumo

Desde la organización vinculan esta decisión con un deterioro más amplio del mercado laboral. Según sus estimaciones, la gestión de Javier Milei habría expulsado a más de 300.000 trabajadores del empleo formal, incrementando la presión sobre la economía popular.

En esa línea, la secretaria gremial de la UTEP, Johana Duarte, advirtió que el impacto trasciende a quienes perciben directamente el ingreso. “Es un golpe también a los comercios de cercanía, porque ese dinero se destina al consumo en los barrios”, sostuvo.

Como ejemplo, mencionó el caso de Chaco, donde alrededor de 45.000 trabajadores cobraban este ingreso. De acuerdo a sus cálculos, la interrupción de esos fondos implicará que más de $3.500 millones dejarán de circular en la economía provincial, con una posible caída del consumo de entre el 6% y el 10%.

Tensión con el Gobierno y el protocolo antipiquetes

La jornada también se inscribe en un escenario de creciente tensión con el Gobierno nacional, especialmente por la aplicación del protocolo antipiquetes impulsado por el Ministerio de Seguridad.

Desde la UTEP indicaron que la convocatoria tuvo alcance federal, con cortes en accesos estratégicos a la Ciudad de Buenos Aires y en distintas capitales provinciales. En ese marco, la protesta se configura como una nueva disputa por el control del espacio público, en un contexto marcado por el ajuste y la caída de ingresos en los sectores más vulnerables.