Con la declaración de diez testigos —cinco propuestos por la acusación y cinco por la defensa— se reanuda hoy el juicio oral contra la consejera Fiorella Belén Damiani, imputada por el delito de falso testimonio agravado.
La joven, que actualmente se encuentra en libertad, está procesada por haber denunciado que fue víctima de una violación por parte de dos jóvenes en una vivienda de Punta Alta. Sin embargo, fragmentos de video que uno de ellos había almacenado en la nube indicarían que la relación fue consentida y no forzada, elemento que resultó determinante para la causa.
El fiscal Mauricio Del Cero confirmó que esas imágenes —consideradas una prueba central— serán exhibidas hoy o mañana, jornada en la que además se prevé el cierre del debate. La audiencia se desarrolla en la planta baja de Tribunales, ante el juez Ricardo Gutiérrez, quien interviene como representante del Tribunal en lo Criminal Nº 1.
Desde la acusación, además del fiscal, actúa como asesor de las víctimas el abogado Juan Vitalini, quien impulsó la incorporación del material audiovisual como prueba. Según trascendió, el magistrado no podría impedir su reproducción si alguna de las partes lo solicita formalmente.
En caso de exhibirse los videos, Fiorella Belén Damiani podría optar por retirarse de la sala, e incluso se contempla la posibilidad de desalojar al público, tal como ocurrió en la audiencia anterior cuando declararon Fernando Pereyra y Joaquín Álvarez, quienes permanecieron detenidos varios días por la denuncia.
En la jornada previa también brindaron testimonio los instructores de la causa y dos psicólogas que evaluaron oportunamente a la ahora consejera suspendida. Ambas profesionales ratificaron que el relato de Fiorella Belén Damiani presentaba “inconsistencias graves” y señalaron que la joven se sentía “defraudada” por uno de los acusados.
Con esos testimonios reafirmados en el debate oral, quedó expuesto que Fernando Pereyra y Joaquín Álvarez fueron privados de su libertad en base casi exclusivamente a la declaración inicial de la denunciante, y que la aparición de los videos resultó decisiva para evitar una eventual condena que podría haber oscilado entre 15 y 20 años de prisión.
