Argentina pidió a la Corte de Nueva York extender la suspensión de la entrega de acciones de YPF
La intención del Gobierno es que la medida se mantenga vigente mientras dure todo el proceso de apelación de fondo, y no solo durante el intercambio actual de documentos entre las partes.
23 de Julio de 2025
Argentina presentó este martes los últimos escritos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para solicitar que se mantenga suspendida la entrega del 51% de sus acciones en YPF, tal como había sido ordenado por la jueza, Loretta Preska. La intención del Gobierno es que la medida se mantenga vigente mientras dure todo el proceso de apelación de fondo, y no solo durante el intercambio actual de documentos entre las partes.
En su presentación, la Procuración del Tesoro de la Nación sostuvo que la orden vulnera la inmunidad de ejecución que protege a los bienes de los Estados extranjeros. También argumentó que la entrega de acciones va en contra de lo dispuesto por la Ley de Inmunidades Soberanas de los Estados Unidos, ya que esos activos están en Argentina, no se usan en actividades comerciales en territorio estadounidense, ni tienen relación directa con la demanda.
Además, se advirtió que la ejecución de la medida sería irreparable para el Estado argentino, ya que implicaría perder el control sobre la principal empresa energética del país. Si las acciones fueran transferidas o vendidas, incluso un fallo favorable posterior no permitiría revertir el daño. Por otro lado, los demandantes no pudieron demostrar que sufrirían un perjuicio si la suspensión se mantiene, dado que la ley argentina impide vender esas acciones sin la aprobación de dos tercios del Congreso.
El escrito también señala que la medida afecta al interés público, podría perjudicar a YPF, a sus accionistas, al pueblo argentino e incluso comprometer las relaciones con Estados Unidos. En este punto, se destaca el respaldo del Gobierno estadounidense, que presentó un amicus curiae en apoyo a la posición argentina, advirtiendo incluso sobre posibles represalias judiciales en el extranjero si se avanza con la ejecución.