El endeudamiento familiar se instala en la agenda política y genera reclamos contra el Gobierno

En menos de 48 horas, el creciente endeudamiento de los hogares generó una serie de reclamos y medidas en distintos puntos del país. La problemática fue abordada en un plenario sindical en Chaco, una conferencia en La Plata, una movilización al Ministerio de Economía, un decreto de emergencia en La Rioja y una presentación de diputados nacionales.

El eje común fue la situación de familias que recurren al crédito para afrontar gastos básicos como alimentos, alquileres, servicios y medicamentos. En ese contexto, el gobernador bonaerense Axel Kicillof apuntó contra la política económica del presidente Javier Milei y sostuvo que el endeudamiento no puede interpretarse como un problema derivado únicamente de decisiones individuales.

“Sí hay una pistola en la cabeza”, afirmó Kicillof, al señalar que muchas familias se ven obligadas a endeudarse para cubrir sus necesidades básicas debido a que sus ingresos resultan insuficientes. En ese sentido, responsabilizó directamente al Gobierno nacional por el escenario actual.

La Provincia investiga a las plataformas de crédito

Junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, el gobernador anunció que la Dirección Provincial de Defensa de los Consumidores inició actuaciones a partir de 2.240 denuncias recibidas durante el primer semestre contra Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud.

Las denuncias incluyen presuntos casos de acoso y hostigamiento, falta de información clara sobre las condiciones de los préstamos y ausencia de un botón de arrepentimiento visible.

Las empresas tendrán la posibilidad de presentar sus descargos y, si se comprueban los incumplimientos, las sanciones podrían alcanzar los $1.883 millones, además de incluir la obligación de modificar las prácticas que contradigan la normativa vigente.

La Provincia también exigirá a las compañías que expliquen cómo determinan la tasa nominal anual, la tasa efectiva anual y el costo financiero total correspondiente a cada cliente.

Costa cuestionó especialmente la facilidad con la que se pueden contratar algunos préstamos digitales, que describió como créditos disponibles “en tres clics”, y advirtió que en determinados casos los costos financieros podrían superar el 1.000%. También señaló la presencia de propuestas de financiamiento dentro de plataformas de comercio electrónico sin información suficiente para los usuarios.

Antecedentes con Mercado Pago

La intervención provincial tuvo como antecedente una actuación iniciada de oficio sobre los términos y condiciones del ecosistema Mercado Libre-Mercado Pago.

En ese caso se cuestionaron cláusulas relacionadas con costos indeterminados, modificaciones automáticas, responsabilidades trasladadas a los usuarios, débitos sobre cuentas vinculadas y la elección de tribunales porteños.

La empresa fundada por Marcos Galperin modificó las condiciones observadas y Costa consideró que el resultado representó una intervención estatal positiva.

Por su parte, Kicillof comparó el crecimiento de las actividades financieras de las plataformas con el funcionamiento tradicional de los bancos y advirtió sobre los riesgos de un sistema de crédito que opera bajo reglas diferentes.

Los datos sobre el endeudamiento y la mora

Según los datos expuestos por el gobernador bonaerense, 21 millones de adultos están endeudados, lo que representa alrededor del 60% de la población adulta. Cerca de seis millones presentan atrasos en sus pagos.

La mora bancaria habría pasado del 2,5% al 12,8%, mientras que en las fintech aumentó del 5,7% al 24,5%. En las financieras no bancarias, en tanto, pasó del 17,5% al 43%.

Un informe del Banco Central contabilizó más de siete millones de clientes fintech en febrero. A su vez, un análisis de la consultora Criteria señaló que el crédito deja de funcionar como una herramienta puntual cuando comienza a utilizarse para afrontar gastos habituales o cancelar otras deudas.

Kicillof vinculó esta situación con ingresos que permanecen estancados, el encarecimiento del financiamiento y una actividad productiva debilitada.

En ese marco, también mencionó la pérdida de unas 30.000 empresas y más de 330.000 empleos formales desde diciembre de 2023. Datos de un informe de Fundar, elaborado a partir de registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, indican que hasta mayo de 2026 habían desaparecido 30.633 empleadores.

El reclamo sindical también llegó a las calles

La discusión sobre el endeudamiento familiar había comenzado un día antes, durante un encuentro de Kicillof con 88 organizaciones sindicales en Chaco.

Del encuentro participaron el senador nacional y exgobernador Jorge Capitanich, el secretario del Interior de la CGT, Héctor Daer, y los ministros bonaerenses Carlos Bianco, Andrés Larroque y Walter Correa.

“La gente se está endeudando para pagar la vida”, sostuvo Kicillof durante la jornada.

Al día siguiente, la CGT, las dos CTA, la UTEP, organizaciones sociales, sectores de izquierda y personas autoconvocadas se movilizaron al Ministerio de Economía, encabezado por Luis “Toto” Caputo.

Los cosecretarios de la CGT Octavio Argüello, Cristian Jerónimo y Jorge Sola reclamaron una mayor regulación del Banco Central, mecanismos de refinanciación para las familias y medidas de alivio para las pequeñas y medianas empresas.

En la misma movilización, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, alertó sobre la posibilidad de un “estallido social”, mientras que Hugo Godoy, titular de la CTA Autónoma, responsabilizó al presidente Javier Milei y al ministro Luis Caputo por la situación.

Reclamos por el crédito digital y nuevas medidas

También se sumaron cuestionamientos de organizaciones de consumidores. Osvaldo Bassano, Gerónimo Rossi y el exdiputado Ricardo Vago pusieron el foco en la falta de transparencia de los algoritmos, los mecanismos de cobranza y la rapidez con la que se otorgan los préstamos digitales.

La intención es llevar propuestas al Congreso en una reunión con el diputado nacional Esteban Paulón.

En paralelo, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, declaró durante 180 días la emergencia económica, crediticia y social y estableció mediante un decreto de necesidad y urgencia un régimen de protección para usuarios de créditos de consumo.

Por otra parte, los diputados del PJ Federal Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Emir Félix, Ernesto “Pipi” Alí, Kelly Olmos y Pablo Yedlin solicitaron investigar posibles conductas anticompetitivas y eventuales infracciones a las normas de defensa de la competencia.

El reclamo sindical tendrá una nueva convocatoria el 2 de septiembre, Día de la Industria, cuando está prevista otra movilización vinculada con la caída de la actividad fabril y la pérdida de empleo.